Cuatro de sus ex directivos fueron detenidos. Se trata de Roberto Gazze, Daniel Buyatti, Omar Scarel y Alberto Macua, ejecutivos de mucho poder en la empresa que desbarrancó en diciembre de 2019.
En diálogo con la prensa, el abogado defensor de los directivos, Jorge Ilharrescondo, se mostró sorprendido por esta última decisión ordenada por la Fiscalía de Delitos Económicos. Sorprendido porque “nuestros representados permanentemente se han puesto a derecho y han respondido a los requerimientos que permanentemente les ha hecho la justicia”, dijo.
Ilharrescondo recordó que en Octubre del año pasado ya hubo un pedido de prisión preventiva para las mismas personas, que fue rechazado por el tribunal actuante. En ese momento se fijó una caución, que luego se venció, así como las prohibiciones para salir del país y circular por el territorio argentino; con lo cual, cuando se produjeron las detenciones, no tenían ninguna restricción a su libertad personal por esta causa. “Eran personas que estaban permanentemente a disposición de la justicia, inclusive ejerciendo funciones en sus respectivos negocios, no tenían ningún tipo de peligrosidad procesal ni habían realizado labores de entorpecimiento que puedan llegar a justificar la prisión preventiva”, se quejó el abogado defensor de los ejecutivos de Vicentin.
Por otro lado, dijo desconocer con exactitud de que se lo imputa. “Es un despropósito jurídico; parece una aventura entre los medios periodísticos a ver si puedo recabar algún tipo de información, para saber porque se lo esta llevando a una audiencia imputativa y se le ha restringido una de las libertades mas intensamente protegidas por el ordenamiento constitucional, que es la libertad ambulatoria, a 4 personas que estaban a derecho”, bramó en diálogo con Cadena 3.
“Dicen que son hechos nuevos, otros dicen que son anteriores, pero estamos en una situación de incertidumbre que conspira contra la posibilidad del ejercicio de una defensa efectiva; y vamos a ser muy vehementes en denunciar esto que entendemos es un atropello a las garantías de nuestros asistidos”, siguió la queja de Ilharrescondo.
El abogado explicó que, “para ir a defenderse tiene que saber de que se lo acusa y debe tener el tiempo para que ello acontezca”. Apuntó asimismo que ayer lunes hicieron un planteo a la fiscalía y aguardan respuesta, pero aún no saben de qué se los imputa y solo se guían por los trascendidos periodísticos. “Me agravia y me ofusca mucho”, dijo.
Para Ilharrescondo, la causa Vicentin no solo es una causa jurídica. “Si bien hemos intentado que esto discurra por carriles técnicos, todos los días nos sorprendemos con circunstancias nuevas, que van emparentadas con cuestiones que son de naturaleza extra penal”, evaluó. Algo a lo que contribuye el concurso, el conflicto de intereses detrás del concurso, la magnitud y la complejidad de la causa en otros aspectos. “Sería absolutamente ingenuo pensar que esto no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones de naturaleza extra penal”, analizó.
La audiencia imputativa está programada para el jueves, aunque Ilharrescondo admitió no tener detalles sobre la hora o la imputación específica. Los directivos permanecen detenidos en diferentes instalaciones, y destacó que “estar privado de la libertad ya implica un incordio mayúsculo para quien no se lo merece estar; la medida es absolutamente desproporcionada, arbitraria y esta teñida de ilegalidad”, concluyó.
