Entidades gremiales y técnicas del agro y empresarios de la industria semillera se reunieron con las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación para exponerles los puntos en los que el sector privado viene trabajando en conjunto, en algunos de ellos ya con consensos visibles, para intentar cerrar la disputa por el pago de la propiedad intelectual en semillas de soja y trigo.
El encuentro fue convocado por la misma cartera que conduce Ricardo Buryaile. Hacía casi un año que no se realizaba una reunión de esta naturaleza en esa sede oficial. La última oportunidad fue el 23 de junio de 2016, cuando Agroindustria anunció un acuerdo para terminar el conflicto por los controles que en los puertos realizaba la multinacional estadounidense Monsanto para cobrar por su tecnología Intacta en soja, resistente a insectos. Esos controles pasaron a estar luego en manos del mismo Estado. En tanto, la anterior vez que hubo una reunión de alto nivel fue en noviembre pasado en la Casa Rosada, donde asistió un puñado de referentes.
En la reunión, valorada como “positiva” por el Gobierno y los mismos productores y empresarios para alcanzar una solución, el sector privado dejó un escrito. Allí se habla de que cualquier control sobre semillas lo debe seguir realizando el Estado, como viene haciendo el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que a su vez celebró un acuerdo con llamado sistema Bolsatech, surgido en el ámbito de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para el traspaso de información sobre los controles. Se elogió el rol del Inase y cómo está trabajando al respecto. Al margen de esos controles, el Inase pasó de decomisar cinco toneladas de semilla ilegal en el primer trimestre de 2016 a más de 700 toneladas en el primer trimestre de 2017.
Entre los puntos del sector privado se destaca un tema ríspido: el uso propio, es decir, la figura contemplada en la ley actual de semillas por la cual sin límites un productor puede guardarse semilla de una cosecha para volver a sembrar en la siguiente campaña.
Respecto de este tema, la novedad es que el sector privado está discutiendo un consenso por el pago por el uso propio. Es decir, que haya restricciones al uso propio tal cual se lo conoce hoy.
En este aspecto, no obstante, todavía no están definidos detalles clave sobre la eventual instrumentación del pago. Por ello, el Gobierno instó a los presentes a avanzar también en ese punto. Vale recordar que Agroindustria presentó el año pasado un proyecto de ley que introduce límites al uso propio, igual que otros proyectos que están en el Congreso, pero en ese escenario no se avanzó en un consenso para modificarla ley actual. Inclusive, diversas fuentes ven difícil que también haya ley este año.
