Con la resolución 140/2016, del Ministerio de Agroindustria, en referencia a la falta de validación de los análisis impuestos por Monsanto sobre toda la comercialización de soja, “comenzaría una nueva etapa de trabajo en conjunto entre los usuarios, la industria semillera y el Estado en pos de un marco regulatorio que permita la normalización del uso, el comercio y la fiscalización de semillas”, dice Confederaciones Rurales.
“Monsanto ingresó a la Argentina la semilla de Soja INTACTA RR2 PRO conociendo el marco normativo vigente, la ley de Semillas 20.247 y la adhesión al convenio UPOV78 que contempla el derecho al uso propio de semilla para el productor, así como la ley de Patentes y las directrices de patentamiento (ver resolución 283/2015). A pesar de este conocimiento, Monsanto intentó e intenta buscar protección paralela a la ley argentina, a través de la creación de un propio sistema y la aplicación de la Ley de Patentes, que con claridad imposibilita patentar las semillas así como tampoco le otorga derechos sobre el poroto de soja y su comercialización”, dijo la entidad en un comunicado.
Asimismo, explicó que “el productor agropecuario debe saber que el Sistema Monsanto a través del Bolsatech (Bolsas de Cereales) y la cláusula de Biotecnología (Exportadores) lleva de facto a renunciar al sistema UPOV78 e instaurar UPOV91 eliminando el Uso Propio de Semilla vigente y obligando al pago de regalías, sin resolver el problema de la “bolsa blanca”, contrariando a lo adherido por Argentina. Claramente, este sistema no permite el desarrollo de procesos de innovación”.
Confederaciones Rurales entiende que “esta nueva oportunidad debe sentar las bases para que los productores, la industria semillera y el Estado Nacional, a partir de la legislación vigente, diseñen un marco legal y de fiscalización moderno que permita incrementar de forma sustentable un mercado competitivo y transparente de semillas, la investigación, el desarrollo, la inversión y el empleo”.
