Se analizaron las gestiones realizadas a distintos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial antes de la votación de la Ley Fiscal 2018, la semana pasada, que lamentablemente no pudieron modificar el grave aumento del Impuesto Inmobiliario Rural del 50 %.
Las entidades intercambiaron información acerca del enorme impacto que tendrá esta medida, muy alejada de la inflación proyectada, en la vida rural bonaerense.
Asimismo, se destacó la enorme preocupación por las medidas que podrían tomar diferentes intendencias, que ya abusan de la contribución sobre la Tasa de Caminos y otras como la de Higiene y Seguridad, sin prestar un verdadero servicio, y se prevén alzas de similar orden.
También se analizó la grave situación de los partidos en Emergencia Agropecuaria, las demoras en decretarlas, la discontinuidad de las reuniones de la Comisión de Emergencias y Desastre en medio de las inundaciones, e incluso, la falta de homologación de algunos partidos que, como los de L. N. Alem, y otros, que no se firmaron nunca.
Las bajas de Ingresos Brutos y Sellos no llegan a morigerar el alto impacto del Inmobiliario Rural. Otra vez el campo es tomado como una fuente inagotable de financiación fiscal, estimando de manera equivocada su verdadero poder de contribución impositiva, siendo que paga más impuestos que otros sectores de la economía.
Está de más decir que el campo es una industria a cielo abierto, con riesgos climáticos inmanejables, y que invierte miles de millones cada campaña y genera valor agregado, y movimiento económico local.
Se gestionarán nuevas audiencias a las más altas autoridades provinciales. La Mesa Agropecuaria apoya la gestión del Gobierno en muchos aspectos, especialmente en la lucha contra la pobreza y las mafias, y la obra pública, pero no por ello dejará de buscar la equidad fiscal en el marco de una mayor producción.
