En Nueva Zelanda el 42% de la tierra es destinada a tareas de agricultura; cuenta con 5 millones de vacas produciendo en el sector lácteo, lo que representa el 40 % de las exportaciones totales y su sistema productivo no recibe subsidios. Así comenzó su charla Raylene Liufalani, Embajadora de Nueva Zelanda en Argentina, en el marco del congreso Holstein que tuvo lugar dias atrás.
Su exposición, que giró en torno a las regulaciones ambientales en el mundo, tuvo un foco particular sobre el cambio climático, el cual, en palabras de Liufalani, “es un problema global que requiere acciones locales si se quiere tener resultados, y ningún país, sector o persona puede esta ajeno”.
El acuerdo de Paris sobre cambio climático es considerado por Nueva Zelanda como “revolucionario”, donde 196 países firmaron contra el calentamiento global. El pacto fija techo a las emisiones de gases de efecto invernadero, establece un sistema de financiación y se compromete a establecer un proceso para que en 5 años se implementen tecnologías limpias, iniciándose un periodo de transición hasta el 2020 para alcanzar los objetivos previstos. “Nueva Zelanda estableció para el período 2005-2030, la implementación de medidas de mitigación un 30 % por debajo del orden actual. El Acuerdo de Paris es una plataforma ambiciosa que requerirá esfuerzos de mitigación para los países en vías de desarrollo. Las economías emergentes necesitan tecnología, financiamiento y asistencia”, reflexionó Liufalani.
El Dióxido de Carbono (CO2) comprende el 80% de total de los gases de efecto invernadero en la atmosfera, generados por cientos y cientos de años comparados con la corta vida del metano generado por los animales. “En Nueva Zelanda, la mitad de las emisiones generada es por alimentos consumidos en otros países”, comparó Liufalani, y continuó en su exposición: “Aun cuando el sector de la agricultura no es mencionado en el acuerdo de Paris, sí se hacen muchas referencias a la producción de alimentos. Se debe entender que los productores pueden reducir sus emisiones mejorando su eficiencia, pero no pueden eliminarlas”.
“La producción de alimentos es responsable del 15% del total de las emisiones, al mismo tiempo que el mundo requiere cada vez más alimentos, por lo que no debería penalizarse el aumento de producción de los mismos. Se requiere más bien de un un nuevo enfoque para cambiar las tecnologías de producción”, concluyó Liufalani.
Resultados de investigaciones que ha liderado Nueva Zelanda en numerosos proyectos dan cuenta de que se pueden reducir hasta en 30% las emisiones provenientes del metano. Encontrar las soluciones al cambio climático será entonces el nuevo desafío del sector lácteo.
Manejo del agua y sus efluentes
Tras la exposición de Liufalani, Alejandro La Manna, Investigador Principal en Nutrición en Lechería y Ganadería Intensiva en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, siguió la línea temática y comentó que “la mayor presión sobre la producción de alimentos es debido al crecimiento de la población y al aumento de las necesidades de alimentos (intensificación)”.
Asimismo, La Manna citó el informe sobre riesgo global del World Economic Forum 2007–2016, que sostiene que la crisis del agua es uno de los cinco mayores riesgos en términos de impacto de los últimos años. “La huella del agua de un producto es el volumen de agua dulce usada para elaborar ese producto en toda su cadena. En el caso de la huella del agua de la leche, esta tiene su mayor peso en el eslabón que se da a nivel de la producción primaria”.
Como conclusiones finales, La Manna pidió considerar que la huella del agua para la mayoría de los países pastoriles (sin uso de riego) es mayormente verde, que no existe un sistema único para el manejo de efluentes (caso por caso), realizar manuales consensuados de Buenas Prácticas de manejo, la necesidad de determinar nuestros propios coeficientes para determinar de la mejor manera las huellas (carbono y agua) y las respuestas al uso de efluentes, trabajar en redes regionales (INTA, UBA, INIA de Chile, Embrapa de Brasil, INIA de Uruguay, y por último lograr la coparticipación de Productores, Gobierno, Institutos de Investigación y Universidades para resolver temas ambientales.
