Ante la confirmación de la intervención en el mercado del trigo a través de la creación de un Fideicomiso Transitorio decidida por el Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara de Industriales Molineros (CIM), que nuclea a casi el 60% de la molinería del país, y tal como lo sostuvo en un reciente comunicado, reiteró su “rechazo a la intervención del mercado, haciendo notar que la historia reciente ha dado sobradas muestras de que aquellas medidas destinadas a regular los precios de la oferta han dado nulos resultados en el pasado, provocando serias distorsiones en los mercados y una sustancial merma en las intenciones de siembra, con los adversos efectos en la producción y exportación granaria por todos conocida”.
Según la Cámara, “nuestro país necesita imperiosamente reglas de juego estables y políticas de estado que permitan aumentar la producción y exportación de los productos agroindustriales que el mundo demanda, favoreciendo el agregado de valor en origen que permita incrementar la utilización de mano de obra nacional y generar un mayor ingreso de divisas”.
“Tal como lo expusiéramos en las diferentes alternativas que nuestro sector presentó al Gobierno, reiteramos enfáticamente que el camino debe ser a través de un subsidio de la demanda y no mediante la creación de un Fideicomiso para subsidiar la compra de trigo por parte de los molinos, ya que los supuestos beneficios se diluyen en los diferentes eslabones, dilapidando recursos que deben llegar a los sectores más vulnerables de la población”, dijo la entidad.
La industria molinera nucleada en esta Cámara “rechaza la pretensión de que el Estado subsidie sus ventas a un precio muy por debajo de los costos de producción, quedando sujeta a la espera de una compensación durante un período incierto de tiempo, por parte de un Fideicomiso en manos del Estado, soportando el ruinoso costo financiero que ello implicaría, y a lo que habría que agregarle, además, la nueva carga administrativa que se sumará a los innumerables trámites y autorizaciones impuestas por las diferentes reparticiones del Estado que actualmente soporta”.
El consumo de harina como tal, como pan, como galletitas y como fideos que ronda los 90 kgs./habitante/año y para la Cámara, “podría ser subsidiado por el Gobierno inyectando los fondos directamente en las tarjetas alimentarias existentes para la población más vulnerable, evitando subsidiar el consumo de quienes no lo necesitan y sin intervenir los mercados, con las nefastas consecuencias que ello ha tenido en el pasado”.
