Aunque no es un eje neurálgico del debate, el proyecto de ley ómnibus plantea la posibilidad de adaptar mecanismos alternativos para la solución de controversias. En este marco, desde la Bolsa de Comercio de Rosario reforzaron su visión a favor del arbitraje como método alternativo para la solución de conflictos.
El Artículo 29 del proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a establecer mecanismos de conciliación, avenimiento y/o arbitraje, tanto en la República Argentina como en el exterior. Esta disposición moderniza la legislación, alineándola con las prácticas internacionales. El objetivo principal es ofrecer a los inversores una alternativa para la resolución de disputas, evitando así la necesidad de recurrir a la justicia ordinaria.
La BCR aboga por este tipo de mecanismos. Vale recordar que tiene en su portfolio de servicios al Tribunal de Arbitraje General (TAG), un servicio de justicia alternativa que se ha distinguido por su eficiencia y eficacia en la resolución de conflictos comerciales, superando a menudo a la Justicia ordinaria en estos aspectos. El TAG no busca competir con la justicia ordinaria, sino que la complementa y alivia su carga.
Una de las ventajas más significativas del TAG es su rapidez en la resolución de conflictos. A diferencia de los procesos judiciales tradicionales, que pueden prolongarse durante años, el TAG promueve una resolución temprana y eficiente, lo cual resulta más económico y práctico para las partes involucradas.
El funcionamiento del TAG se basa en la voluntad de las partes para resolver sus diferencias a través de la negociación y el acuerdo temprano, utilizando cláusulas compromisorias previamente acordadas en sus contratos o acuerdos comerciales. Esto subraya la autonomía de las partes y su capacidad para elegir la mejor manera de resolver sus disputas.
Otra ventaja clave del TAG es la especialización de sus árbitros, que poseen conocimientos específicos en el área del conflicto, garantizando así decisiones más informadas y precisas. La BCR se enorgullece de contar con un panel diverso de árbitros de toda Argentina, seleccionados por su experiencia y conocimientos especializados.
En la actualidad, la ley 27449 de 2018 regula el procedimiento arbitral en conflictos comerciales internacionales cuando la sede del arbitraje está en Argentina. Sin embargo, esta ley no cubre los casos en los que participa la Administración Pública Nacional. Con la inclusión del Artículo 29 en el proyecto de ley, se busca cerrar esta brecha legal, permitiendo al Estado actuar como una entidad de derecho privado en procesos de arbitraje.
Fuente: BCR
