La situación de toda la agroindustria es delicada

La Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), la Asociación Argentina de Trigo (ARGENTRIGO), la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), y la Asociación Maíz y Sorgo Argentinos (MAIZAR), representados por los presidentes, Rodolfo Rossi, Matías Ferreccio, Luis Arias, y el vicepresidente 1° Aníbal Invancich, se presentaron en Expoagro 2015 para volver a reiterar sus reclamos y alertar sobre la crisis que atraviesan y la oportunidad que se está desaprovechando.

El mensaje:

Desde ACSOJA, ARGENTRIGO, ASAGIR y MAIZAR estamos convencidos que es posible alcanzar metas mucho más ambiciosas y relacionadas a las necesidades de alimentos que el mundo tiene. Es posible pasar de 100 millones de toneladas a 130 millones de toneladas con una rotación balanceada y un adecuado nivel tecnológico. También podemos llegar a las 160 millones de toneladas propuestas por el Ministerio de Agricultura en el Plan Estratégico Alimentario 2020 si atendemos zonas  postergadas con una infraestructura adecuada y recuperamos los mercados que hemos perdido.

Estamos ante un desafío humanitario sensacional. En los próximos años, se presentarán grandes oportunidades para nuestro sector productivo. Sin embargo, la situación de toda la agroindustria es delicada. Se aprovecha solo el 50% de la capacidad instalada y hay temas que resulta indispensable solucionar.

La producción cuenta hoy con rendimientos altos que, aunque resulte inverosímil, generarán quebrantos en muchas empresas. Esta situación es un desincentivo para invertir los 15.000 millones de dólares necesarios para poner en marcha la próxima campaña.

Hoy la arbitrariedad de los Permisos de Exportación o ROEs, hacen que una cosecha de trigo, que según el Ministerio de Agricultura es de 13,9 millones de toneladas, después de abastecer el consumo interno (5,9 millones de toneladas) y con permisos de exportación otorgados solo por 3,5 millones de toneladas, tenga un excedente de 4,5 millones de toneladas que deprime el mercado.

Los derechos de exportación son un impuesto distorsivo, un factor de empobrecimiento y pérdida. Las conocidas “retenciones” del trigo, maíz y girasol, sin incluir a la soja, implican el 1,4% del presupuesto nacional. La eliminación de esta tasa se podría recuperar mediante otros impuestos (principalmente ganancias e IVA) y el aumento de la producción. Los derechos de exportación deben reducirse hasta su completa eliminación en todos los cultivos.

Las dos variables antes mencionadas, ROEs y Derechos de Exportación, junto al aumento de los costos estructurales y el retraso del tipo de cambio están afectando seriamente a todos los eslabones de las cadenas de valor.

Desde las cadenas sabemos que tenemos que trabajar en el fortalecimiento de cada eslabón y sector, buscando transparencia en los términos de intercambio y pleno equilibrio en los beneficios.

Empiezan a definirse los planes de siembra y con ellos la inversión para la campaña 2015/16. Esta campaña que viene se sembrará con el gobierno actual y se cosechará con uno próximo.

Sabemos que corrigiendo las variables ROE, derechos de exportación y tipo de cambio se darán condiciones razonables para incentivar al primer eslabón, que es la producción, y para realizar las inversiones mencionadas que permitirán a la agroindustria desarrollar su potencial.

También estamos convencidos de la importancia del incremento del Producto Bruto Total consolidado, cuyos aportes fiscales le darán al próximo gobierno la posibilidad de atender en buena forma las necesidades primarias de educación, salud, seguridad, etc.

Creemos que desde el gobierno se debe atender al financiamiento de la próxima campaña sin discriminar  los productores que tienen granos en su poder. El acceso a créditos y financiamiento son un recurso para el mejoramiento y desarrollo de todos los eslabones. Es necesario que los planes sean acordes y accesibles a todos ellos. Asimismo, los retrasos en las devoluciones de saldos de IVA, que en este contexto inflacionario aumentan el quebranto, deben ser solucionados.

Pero también es necesario señales claras y un compromiso con las políticas futuras que implementarán todos los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones.

Sin estas señales se corre el riesgo, por falta de rentabilidad, de:

– comprometer la sustentabilidad tanto económica y ecológica, debido a la falta de rotación e incorporación de nutrientes

– y de que aumente la superficie improductiva, principalmente en zonas marginales -como ya sucedió en esta campaña-.

La producción necesitará en los próximos años manejar los riesgos que implican las mayores variaciones climáticas, el control de malezas y la logística; y a su vez acomodar los costos en base a eficiencia productiva. El lema es “producir más con un uso racional de los insumos, reducir la brecha tecnología e ir hacia un manejo de agricultura por ambientes”.

Se abre para la Argentina un nuevo espacio para fortalecer las acciones de coordinación y cooperación internacional en materia de biotecnología, sector clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria sin embargo instituciones como el INASE no cuentan con recursos ni potestad de control. Además, por otro lado, no se ha avanzado con la ley de semillas, que después de meses de trabajo, debate y consenso hace ya más de 2 años quedó estancada en un cajón. Es indispensable contar con avances sobre otras leyes importantes como la ley de desgravación de fertilizantes, y la ley de envases de agroquímicos.

Los nuevos productos biotecnológicos, que ya se anuncian en los países centrales, tolerarán más la sequía y los suelos salinos, resistirán más a los insectos y enfermedades, serán más eficientes en el uso de los recursos ambientales, rendirán más y tendrán mejor calidad diferenciada y de identidad preservada. Por ello es necesario encontrar un marco equilibrado en la Propiedad Intelectual en semillas y una revisión y actualización de los marcos regulatorios en materia de biotecnología. A su vez, es necesaria una acción conjunta del Estado y los sectores proveedores de tecnologías para acelerar los procesos de aprobación en los países destino de nuestras producciones.

Un futuro promisorio dependerá de nuestro esfuerzo e inteligencia para llevar adelante la tarea y de que el Estado nacional se comprometa a implementar las políticas públicas que para su elaboración el sector se ha mostrado solidario ocupando el rol de socio estratégico que le corresponde.

Queda pendiente fortalecer los Mercados a Término, una herramienta fundamental que  viabiliza fuertes inversiones de distintos sectores; optimizar los flujos logísticos del país -en particular ferrocarriles, rutas e hidrovía-; agilizar los controles aduaneros en las inspecciones de los buques; responder firmemente frente a atropellos sobre la propiedad privada; promover nuestra presencia en los mercados mundiales y transformarnos en un proveedor importante y confiable.

Como expresáramos en el mensaje de fin de año: “nosotros, como comunidad agroalimentaria, queremos ser parte de la solución”.

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