En el penúltimo mes de 2017, con el fortalecimiento de la Administración Macri tras el resultado de las elecciones de octubre, el gobierno nacional envió al Congreso Nacional reformas en el campo tributario, laboral e institucional.
Generó previamente un marco de negociaciones con gobiernos provinciales, representantes gremiales y empresarios para dotar de consenso leyes que ahora deberán ser refrendadas en el parlamento.
Las pretensiones de estas reformas están explicitadas en los considerandos de las leyes y pueden resumirse así:
- En el plano económico, el Poder Ejecutivo Nacional tiene entre sus objetivos principales el logro de una mejora significativa de las condiciones de competitividad de la economía, así como la generación de un marco normativo que promueva el desarrollo económico sostenido del país y la generación de empleo de calidad.
- Para alcanzar ese objetivo el gobierno propone contar con normas fiscales más eficientes y equitativas que eliminen las distorsiones existentes, en un marco de estabilidad que otorgue certeza y previsibilidad a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
- Considera así que el estímulo a la inversión, así como la introducción de medidas que reduzcan los costos fiscales, generarán las condiciones adecuadas para el crecimiento de las empresas locales —que sostiene se traducirá en el corto plazo en la creación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento de los salarios reales— y una dinamización del comercio exterior al recuperar competitividad.
Si estas propuestas políticas se verifican significarán un cambio sustancial en las condiciones competitivas en las que ha funcionado la vitivinicultura en los últimos años.
Un sector dinámico, de valor agregado, que se expandió en los mercados mundiales compitiendo con empresas muy eficientes vivió en los últimos años una situación de caída de ventas y pérdida de rentabilidad como consecuencia de políticas económicas que aumentaron el gasto público, la presión fiscal, la inflación y el cierre de la economía.
En la actualidad el sector vitivinícola factura casi un 17% menos que en 2011; emplea un 10% menos y ha reducido en forma considerable su ritmo de inversión. Esto como consecuencia que la rentabilidad que logra es sólo algo más de la mitad de la que tenía en los años previos.
La inflación deterioró los salarios que impactaron negativamente en el mercado doméstico de vinos. La política cambiaria como ancla antinflacionaria le hizo perder al sector una importante porción de sus exportaciones y una presión tributaria creciente terminó de configurar una situación de pérdida de competitividad frente a competidores internacionales que continuaron en su proceso de mejora y captura de mercados.
Si en los próximos años la inflación desciende como pretende el gobierno y la reforma tributaria y laboral generan los efectos deseados la vitivinicultura puede aumentar su rentabilidad en un equivalente al 6% de sus ventas totales lo cual significará a moneda de diciembre de 2016 unos 2.400 millones de pesos anuales que podrán destinarse a inversión, empleo, aumento del consumo de vinos y mejora en los precios de la materia prima.
El horizonte no aparece cercano y el gradualismo pretendido para el reordenamiento fiscal se trasmitirá también en forma gradual a los números de las empresas. Sin embargo, aquellos empresarios o inversores que adviertan que estas tendencias son factibles seguramente intervendrán para acelerar el proceso. Si por el contrario, estas tendencias no se verifican la desinversión del sector conspirará en su desempeño futuro. Fuente: Área del Vino
