La diputada radical de Reconquista, Marlén Espíndola, no pasó desapercibida en la última sesión de la Cámara baja de Santa Fe, al retomar el tema del proceso judicial en el que se encuentra Vicentin a partir de caer en default. La legisladora se plantó ante sus pares para explicar por qué el cramdown que proponen algunos acreedores de la cerealera no sería la mejor alternativa.
“Implica desprender a los dueños de manera forzosa de la empresa hacia el Estado, no es un salvataje”, manifestó y, en particular, recalcó: “Compartimos que todos los que fueron responsables de algún hecho ilícito deben responder ante la Justicia, pero nos preocupa la reunión ante los directivos del Banco Nación”.
En ese sentido, destacó que Vicentin “tiene relevancia para toda la provincia” y, en el marco del proceso concursal que encabezaba el juez Fabián Lorenzini, “se venía manejando dentro de lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras, cumpliendo con los pagos a los empleados y sin despedir a ningún trabajador, cosa que no siempre las empresas concursadas pueden hacer”.
Además, resaltó que el juez natural del concurso llevaba adelante el mismo “manteniendo las garantías legales y transparencia del proceso”, con una “comisión de acreedores, una sindicatura plural y dos co-administradores que garantizaban el diálogo y el intercambio para llegar a un acuerdo”.
Cabe recordar que, a mediados de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe intervino el concurso, al tiempo que el gobierno nacional manifestó nuevamente su intención de participar en la empresa defaulteada, tras un intento fallido en 2020. Todo, apenas unos días antes de que la propuesta de pago realizada por Vicentin sea aceptada por los bancos internacionales, lo que restaba para tener las conformidades necesarias.
“Vicentin está tratando de encontrar una solución para mantener los puestos de trabajo y la empresa siga funcionando, proponiendo entregar el 95% de sus acciones, pero si quiebra, los más perjudicados van a ser los acreedores y los empleados”, habían señalado a ON24 fuentes allegadas al caso.
En ese marco, la diputada Espíndola recordó que la deuda con el Banco Nación asciende a 300 millones de dólares, pero apuntó que, “para que la empresa funcione, se necesitan alrededor de 800 millones de dólares”, por lo que, ante la propuesta del cramdown, preguntó: “¿El Banco Nación va a poner estos 800 millones? ¿Cómo van a garantizar desde el Banco u otra empresa estatal -nacional o provincial- que los empleados sigan cobrando los sueldos, que se sigan pagando los aportes y que siga trabajando la misma cantidad de gente -7.000 directos e indirectos-, que es lo que nos preocupa? Y cuestionó: ¿De dónde van a salir estos 800 millones? ¿De los argentinos?”.
De esta manera, la diputada concluyó: “No es solamente una cuestión que tiene que ver con la discusión que podamos dar desde esta Cámara, sino que va mucho más lejos: si avalamos el cramdown desde esta Cámara que se pide desde el Banco Nación, estaríamos interviniendo nosotros, desde la política, en la Justicia. Por lo tanto, no podemos avalar este tipo de intervenciones”.
REDACCIÓN ON24
