Tras la suspensión del RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial) a Díaz & Forti, propiedad del grupo rosarino Olio, desde la exportadora desmintieron la cifra que fue señalada por el BCRA como no liquidada (US$ 450 millones), indicando que la misma se encuentra muy por debajo de la mitad, y denunciaron una operación orquestada.
“Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el Directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quienes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes”, afirmó Fernando Jurado, CEO del Grupo Olio, en declaraciones a La Nación y Bichos de Campo.
“El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno”, remarcó el empresario.
Además, denunció que hubo llamados a multinacionales para que se pusieran al día antes de la resolución y afirmó: “No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida”.
En este sentido, Jurado enfatizó: “Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica”.
El ejecutivo de la empresa consideró que “hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días”.
Finalmente, el CEO del Grupo Olio confirmó que las acciones legales iniciadas están dirigidas contra “personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad ‘Argentina 5.0’, en lo que hemos dado en llamar ‘operación 1-2-3’. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no. Lamentablemente, en su mentalidad de ‘comando guerrillero’, creen que bombardeando un pueblo, donde tienen que matar a pocos, matando a todos se hace justicia”.
