La Cámara de Diputados aprobó un proyecto presentado por Dionisio Scarpin que busca respaldar a la industria santafesina de maquinaria agrícola, un sector clave para el desarrollo de la producción agropecuaria en Argentina. Frente a las declaraciones de autoridades nacionales que evalúan habilitar la importación de maquinaria agrícola usada, el legislador provincial advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida podría generar: “Estamos hablando de un impacto directo en miles de puestos de trabajo, en la capacidad de innovación tecnológica y en la estabilidad de empresas que son el orgullo de nuestra provincia”.
Santa Fe concentra el 44% de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola del país, con más de 533 firmas distribuidas en localidades como Las Parejas, Armstrong, Las Rosas y Firmat, donde esta actividad representa la principal fuente de empleo y desarrollo económico. “Tanto FISFE como CAFMA advirtieron que permitir la importación de maquinaria usada hubiera generado una competencia desleal, poniendo en riesgo la renovación tecnológica y afectando negativamente la economía de las comunidades locales. Habilitar la importación de maquinaria usada no solo pone en jaque a nuestra industria, sino que también amenaza al corazón productivo de nuestra provincia”, afirmó Dionisio Scarpin.
El diputado provincial también recordó que Enrique Bertini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, señaló que este tipo de importaciones facilitó en el pasado prácticas como la sobrefacturación y la fuga de divisas. “Estos antecedentes demuestran que no se trata solo de una cuestión de competitividad, sino también de transparencia y control en el comercio exterior”, agregó.
El proyecto aprobado insta al Gobierno Provincial a intervenir de manera urgente ante las autoridades nacionales para frenar esta iniciativa. “Debemos garantizar que nuestras industrias y productores sigan liderando la innovación y la producción de maquinaria adaptada a las necesidades del agro argentino. No podemos permitir que decisiones de este tipo perjudiquen a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a nuestras comunidades”, concluyó el legislador.
