Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, remarcó la necesidad de incorporar “más tierra, más cooperativas y más productores”. Además, valoró que “quienes presentamos esta iniciativa somos los campesinos, los productores y los agricultores familiares: estamos acá los que somos protagonistas en los territorios”.
En consonancia, Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT, opinó que la MAA “no es una instancia declarativa, sino que somos trabajadores, trabajadoras, productores, cooperativas, que todos los días producimos alimentos para la mesa de los argentinos”. Y subrayó que entre los presentes está “el campo que entiende el alimento como un derecho y no como una mercancía”. “El Estado debe saber que el campo no es uno sólo”, sentenció.
Las propuestas
La Ley de Protección y Fortalecimiento de los Territorios Campesinos y la Agricultura Familiar propone la creación de la figura jurídica “Áreas Campesinas para la Soberanía Alimentaria” con el objeto de fortalecer las áreas campesinas que existen y se desarrollan en todo el país, protegiendo el ambiente y la biodiversidad y produciendo comunitaria e individualmente alimentos y bienes de consumo interno para el pueblo argentino.
Además de la soberanía alimentaria, la implantación de esta forma tiene la finalidad de promover los derechos de los campesinos; proteger la biodiversidad; preservar y fortalecer la cultura campesina y tradicional en la producción de alimentos, bienes y servicios; incentivar la producción agroecológica de alimentos saludables; fomentar y garantizar el arraigo de las familias campesinas y de la agricultura familiar; y reconocer y amparar los usos colectivos de la tierra y los hábitats rurales, así como garantizar el acceso de los campesinos y campesinas a los bienes naturales para producir y vivir una vida digna en el campo.
Por su parte, la Ley de Segmentación de las Políticas Impositivas Agrarias plantea la emergencia en materia de posesión y tenencia de la tierra de los campesinos y sus comunidades. En ese sentido, la propuesta radica en la segmentación de la alícuota en la retención sobre los derechos de exportación en cereales y oleaginosas, utilizando el 10% del monto total recaudado en concepto de retenciones para realizar una redistribución de las mismas en función de escalas productivas. Según la Mesa, esta iniciativa busca garantizar la protección de un estrato mínimo de 60.000 pequeños productores que, enclavados en las pequeñas ciudades y pueblos del interior del país, pelean año tras año para ser chacareros sobrevivientes.
Respecto a la Ley de Arrendamientos Rurales, introduce un régimen especial para lo que se denomina Contratos Promovidos, al mismo tiempo que pone límites a la concentración y grava sus modalidades habituales. Así, establece en el título respectivo un régimen fiscal que incentiva la concertación de contratos promovidos a favor de pequeños y medianos productores, bajando en este caso la carga para los contratantes, mientras la aumenta cuando el sujeto involucrado sea una sociedad de capital, un pool de siembra o figuras afines.
La Ley de Acceso a la Tierra versa sobre la creación de un fondo fiduciario público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF). A grandes rasgos, se trata de una política rural de promoción del derecho a la vivienda, a un hábitat digno y al desarrollo económico y social, cuya finalidad será: facilitar el acceso al crédito para el desarrollo integral de proyectos para el acceso a la tierra y a la vivienda familiar; otorgar créditos hipotecarios a un sujeto de crédito para la adquisición de tierra y/o viviendas, o para la construcción y/o mejoramiento de viviendas familiares; y financiar proyectos relacionados al desarrollo de infraestructura u obras que favorezcan el arraigo y la agricultura familiar.
Finalmente, La Ley de Financiamiento y Fomento del Cooperativismo y la Transición Agroecológica propone un programa que sea parte del presupuesto nacional y esté orientado a fortalecer los procesos asociativos, particularmente cooperativos y la comercialización de alimentos saludables, coadyuvando a un proceso agroecológico. Mediante la instalación de nuevas plantas de agregado de valor en el territorio rural procura fortalecer el arraigo de la población. La administración estará a cargo de una unidad operativa que incluye tanto a organismos públicos como a organizaciones campesinas.
