El juez Román Lanzón no hizo lugar al pedido de la Fiscalía para dictar la prisión preventiva a los directivos de la empresa concursada Vicentin tras ser imputados por presuntos delitos de estafa y defraudación. No obstante, les prohibió la salida del país y les estableció un seguro de caución por 10 millones de dólares.
Fuentes allegadas al caso señalaron a ON24 que el juez “dio de baja los balances como elemento de prueba porque estaban incorrectamente presentados, en el entendido de que había prescrito su validez legal en el marco del proceso”.
Además, explicaron que la caución fijada “no es una fianza, porque no es que los directivos tuvieron que pagar esa suma de dinero para salir, sino que estos procedimientos prevén como una medida cautelar diferentes grados de gravedad”. En ese sentido, indicaron que “el juez puede entender que los imputados son peligrosos y se pueden fugar o imponer algún tipo de traba en la investigación, y disponer la prisión. Pero no era el caso. Pero también puede pedir algún tipo de seguro de caución”.
En diálogo con los medios, Máximo Padoán manifestó conformidad con el fallo judicial y afirmó que todos los directivos siempre han estado sujeto a Derecho y ratificó que lo seguirán estando. Además, expresó que la principal preocupación de ellos hoy está abocada a encontrar una propuesta que logre las conformidades necesarias, en el marco del concurso, para poder satisfacer las deudas con los acreedores y mantener las fuentes de trabajo.
Incluso, uno de los acreedores granarios de la defaulteada compañía consideró que lo importante es que los directivos se concentren en resolver la situación del concurso y, por tanto, sostuvieron que no aportaba nada que estuvieran detenidos.
Las fuentes consultadas señalaron que ahora “vienen dos meses intensos”, en los que se tendrá que terminar de conformar una propuesta que pueda contar con el apoyo de la mayoría de los acreedores y lograr las conformidades. “Por lo que ahora el foco del escenario cambia 360 grados y se centra en el concurso”, aseguraron.
De hecho, ratificaron que esta causa judicial no termina afectando las negociaciones que se están llevando adelante, como sí las hubiera perjudicado alguna medida grave, como podría haber sido la prisión preventiva, “porque descabezaba a la compañía”.
Consultadas sobre si se puede asignar algún tipo de intencionalidad política a esta causa judicial, las fuentes se mostraron cautas, aunque sí realizaron un paralelismo en el que recordaron que cuando, “Vicentin estuvio a punto de vender las acreencias de Renova para poder saldar deudas con acreedores granarios, surgió el intento de expropiación” por parte del gobierno nacional; y ahora, cuando están promediando el trámite del concurso para intentar lograr las aprobaciones, esta causa tomó una velocidad insospechada”.
REDACCIÓN ON24
