La política agropecuaria del Gobierno Nacional ha demostrado varios fracasos que develan la necesidad de un cambio, tanto que esta nueva designación de Carlos Casamiquela es un intento de oxigenar los desaciertos y reposicionar la cartera agraria con un perfil más técnico y con experiencia en los organismos oficiales agopecuarios.
Desde el año 2006, con el cierre de las exportaciones cárnicas, hasta el año 2008, donde se desató el fuerte conflicto por las retenciones móviles, el Gobierno Nacional fue perdiendo legitimidad en el sector productivo junto con la adopción de medidas que no acertaban una reconstrucción del tejido agrario. Desde la entrega a cuenta gotas de los ROES, los programas incumplidos de devolución de retenciones, los subsidios millonarios a empresas desconocidas y la disolución inesperada de la ONCCA, hasta los controles de precios, la liquidación de vientres, la caída de tambos, de productores, el aumento indiscriminado de costos, entre otros, alimentaron un panorama de desencuentros y serios desequilibrios productivos.
Después, se intentó una alternativa para el sector: aparecía en escena el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA). Lejos de amortiguar las crisis y recuperar la institucionalidad agrícola, se acrecentó la brecha entre lo producido y los efectos no deseados, entre ellos, ambientales, sociales y económicos, que repercutieron directamente en el bolsillo de todos los consumidores a la hora de comprar alimentos.
Es momento, entonces, de replanteos y redireccionamientos, de acercar las posturas tan fomentadas entre el campo y la ciudad, de posicionar a la “ruralidad” en un rol más estratégico para el desarrollo nacional. Esperamos que este cambio en el Ministerio no sea sólo un cambio de nombres, sino el reconocimiento de los fracasos en varias políticas adoptadas que nos llevaron a perder grandes oportunidades.
Susana Garcia
