El anuncio por parte del gobierno nacional sobre la utilización de la base de datos de Anses trajo aparejada una fuerte polémica sobre la legitimidad de la medida. En un contexto en el que las opiniones cruzadas chocan constantemente entre sí, el abogado constitucionalista Oscar Puccinelli hizo público su punto de vista en el programa Con Sentido Común de Fisherton CNN. “La ley de protección de datos autoriza esa cesión, pero tiene que estar debidamente justificada”, aclaró.
Ayer, en una conferencia de prensa, Marcos Peña, el jefe de Gabinete, aclaró que “no hay una vocación de utilización política o electoral”, en referencia a estos datos. Según lo expuesto en la resolución 166–E/2016, publicada en el Boletín Oficial, serán empleados para enviar información segmentada a los ciudadanos. Como bien se encargó de explicar Puccinelli, “la ley de protección de datos autoriza estas cesiones, siempre y cuando están dispuestas por ley o cuando se realiza entre dependencias u órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus propias competencias”.
El abogado considera que la resolución “está contemplada por una excepción de la ley, aunque hay que ver si está debidamente justificada”. Mientras tanto, el oficialismo mantiene su postura de construir un gobierno abierto y más cercano a la población. “Se habla de datos de contacto, teléfonos y mails. Estos serían datos imprescindibles para comunicarse, entonces creo que en la teoría estaría dentro de la justificación”. Otro factor al que Peña hizo alusión en su exposición del lunes fue la reducción del gasto en publicidad que permitiría este sistema de comunicación directa.
La mayor preocupación que surgió a raíz del anuncio fue el grado de sensibilidad de la información compartida, el cual podría llegar a violar la intimidad de la población. “Siempre está el temor a la mala utilización. Cuando se limitó la venta de dólares, hubo un señor mayor que quería comprar un dólar para su nieto y presentó un amparo, luego la presidenta salió y divulgó los datos personales y situaciones que no estaban en relación con su función –relató –. Ahí hubo un caso de cesión de datos desde la AFIP hacia la presidencia de la nación sin un procedimiento específico”.
Como aliciente a esos temores, Puccinelli informó que existen ciertas herramientas jurídicas para la defensa ante una mala utilización de la información confidencial. “Si alguien no está de acuerdo con esta situación, presentará un amparo colectivo, un habeas data colectivo para no se dé esta situación o que se restrinja”, explicó. Luego añadió que “en caso de una violación, se puede denunciar ante la Dirección Nacional de Protección de Datos que empezará un procedimiento administrativo para verificar si hay responsabilidad o no. Hay delitos penales por violación de secretos”.
El acuerdo tiene una duración de dos años y puede ser renovable. Desde la oposición ya surgieron cuestionamientos, principalmente de las diputadas del Frente Renovador, Graciela Camaño y Mirtha Tundis, y de los kirchneristas Andrés Larroque y Eduardo Depetri, entre otros, quienes calificaron la medida de ilegal y denunciaron que podría usarse para la campaña 2017.
“No puedo afirmar que en algún plano esto no se siga haciendo, pero por lo menos hay una cierta voluntad de transparentar”, comentó. “En primer término, celebro que estemos discutiendo esto. Generalmente estas cosas se hacen sin una norma oficial. En este caso se decidió dictar una resolución con fundamentos que serán discutibles o no, pero lo primero que tengo que celebrar es que esta decisión de transparencia”, concluyó.
