En aquel momento, los problemas del quinteto que manejaba algo anárquicamente la economía argentina debía enfrentar, por orden de Cristina de Kirchner, la caída de las reservas con alguna medida que reforzara las reservas del Banco Central. Fue así que se reunieron el entonces ministro Hernán Lorenzino y su exviceministro al acecho, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y el inventor de los instrumentos del blanqueo, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Éstos eran los Certificados de Depósitos de Inversión (CEDIN), ideados para reactivar el sector inmobiliario y el de la construcción, y los Bonos Argentinos de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE), pensados para que YPF consiga fondos para invertir en los proyectos de Vaca Muerta en días donde el acuerdo con Repsol era lejano y las necesidades de financiamiento internacional de la petrolera, utópicos. La presentación del blanqueo se hizo con pompa en el Palacio de Hacienda con la presencia de los cinco integrantes del equipo económico, mostrándose además en armonía para las explicaciones del caso. Se mencionó allí que los instrumentos servirían, en el caso de los CEDIN, para potenciar la compra y venta de inmuebles, sector paralizado desde el lanzamiento del cepo en noviembre de 2011, a través de una operatoria donde el interesado en blanquear dólares los otorgaba a un banco, éste le daba los CEDIN que luego eran entregados al vendedor, que a su vez recibía los dólares. Los CEDIN iban a poder comprarse y venderse en un mercado secundario en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en una operación que con el tiempo iba a eclipsar la demanda de dólares en el mercado del “blue”. Nunca pudo lograrse interesar al mercado inmobiliario en estos bonos, y mucho menos que el mercado de capitales operara algún volumen trascendente para que se sintiera el impacto en el dólar ilegal. En total, según los datos que se manejaban a comienzos de marzo, los dólares blanqueados a través de los Cedines, no llegaron a los U$S 650 millones, y casi la totalidad de las operaciones se concretaron y ejecutaron con lo que prácticamente ningún dólar sirvió para fortalecer las reservas. Curiosamente, desde el mercado inmobiliario siempre se lo consideró como una idea positiva que, bien instrumentada, podría realmente ayudar a reactivar un mercado afectado seriamente por las restricciones al acceso a los dólares.
Peor le fue al gobierno con los BAADE. Esta era en la mente de Moreno su gran invención para permitir blanquear dólares en negro, y demostrar que se podía aumentar la inversión en energía. El ex secretario pensó en su momento que podría obtener entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, que le alcanzarían para aportarle divisas en un primer momento a YPF; y que incluso en una segunda etapa girar dinero a otras áreas energéticas como la generación de gas y electricidad donde había, y hay, retrasos serios en la inversión. No pudo ser. Ya en un primer momento el bono, que aportaba un interés anual de 4% (2% por bimestre y una duración de un año), se vió que los potenciales interesados no lo tenían entre sus prioridades mínimas, y que en el primer mes de vigencia (junio de 2013) sólo se obtuvieron unos escuetos U$S 15 millones.
Moreno pasó entonces a la acción directa. Citó en su despacho a varios representantes de petroleras para “explicarles” las ventajas de tomar este instrumento. Continuó el desinterés. Hubo un segundo llamado donde el secretario incluso prometió pasar a la acción directa. Apareció allí un primer interesado que sacudió el mercado. Fue la petrolera Bridas de los Bulgheroni, que a través de un comunicado se comprometió (sin aclarar el tiempo ni la forma de la operación) a adquirir unos U$S 500 millones en Baade; pero con una aclaración importante. La empresa afirmaba que no se trataba de dinero que se necesitaba blanquear, sino de dólares que voluntariamente se invertirían para potenciar alguna inversión futura en el proyecto de Vaca Muerta.
Con el comunicado de Bridas en la mano, Moreno citó a otros sectores a su despacho para comprometerlos con el mismo tipo de operación. Circularon así por la oficina del ex secretario de Comercio Interior las cámaras responsables de los rubros minero, automotriz y los exportadores de cereales. Entre todos se comprometieron a estudiar compras de Baade por unos U$S 2.000 millones “en un tiempo”, siempre que se aclarara que no se trataba de blanqueo de dólares sino de una inversión. Moreno aceptó.
Sin embargo las operacinones nunca aparecieron; el gobierno perdió las elecciones legislativas de octubre del año pasado, Lorenzino, Marcó del Pont y, fundamentalmente Moreno, debieron dejar su cargo, y las petroleras, mineras, automotrices y cerealeras se vieron liberadas del acuerdo que habían negociado con el secretario de Comercio Interior.
En los planes de Kicillof, ya como ministro de Economía, el Baade giró en otra idea. Se trata ahora del bono que se le ofreció a los países integrantes del Club de Paris, y que se entregaría a cambio de inversiones en diferentes áreas de empresas de cada uno de esos estados.
La suscripción al blanqueo de capitales abrió el 1 de julio del año pasado y se fijó el vencimiento original para el 30 de septiembre de 2013, aunque la norma dejó en manos exclusivas del Poder Ejecutivo la posibilidad de extender el período de aceptación, lo que fue prorrogado para una segunda etapa hasta diciembre de ese año. EL 30 de ese mes Kicillof decretó su prórroga hasta hoy, que debe definir si continúa con el fallido plan o se termina sin que nadie lo extrañe.
