“Ahora hay vacunas, hay test, hay controles. Esto es mucho peor que el año pasado cuando al menos había vuelos de repatriación. El decreto suena a una medida rencorosa contra quienes pudieron viajar”, expresó categórico el abogado Roberto Vázquez Ferreyra, ex Juez de distrito Civil y Comercial, sobre el decreto presidencial que empujó a miles de argentinos a quedar varados en el exterior, sin siquiera fecha estimada de regreso.
“Esta situación es peor, mucho peor que la del año pasado. En ese momento era una situación de incertidumbre mundial, pero de eso pasó un año y medio. De hecho, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dictado una resolución que establece cómo se debe manejar una pandemia y la propia Corte Suprema de la Nación dijo en el fallo famoso de la educación en la ciudad de Buenos Aires que todas las medidas restrictivas que se pueden tomar se justifican por un período muy breve. Acá no hay vuelos. Es como pretender evitar las muertes por accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de automotores, algo absurdo”.
El especialista en derechos ciudadanos remarcó que “Argentina ha entrado en el terreno de la violación de los DDHH” y anticipó que se están gestando denuncias ante organismos internacionales como la OEA y Naciones Unidas, además de demandas colectivas que complicarán seriamente las arcar públicas.
“Es muy factible que se denuncie al Estado Argentino por violación de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales”, explicó el abogado, que forma parte de un grupo de colegas federal en el que se activaron reuniones para abordar el tema en conjunto y en el que ya activan esta posibilidad.
“Son 40 mil los varados fuera de Argentina, no menos de 1000 son rosarinos. Y a ese número de personas afectadas directamente que no pueden regresar al país hay que sumarle otro enorme número de personas que tal vez viven en el exterior y que pensaban recibir visitas de familiares que tampoco puede hacer. Son miles y miles las personas afectadas”, remarcó.
Vázquez Ferreyra graficó las consecuencias que pueden acarrear para los ciudadanos argentinos las potenciales demandas de Amparos y Habeas Corpus que se están encaminando para los miles de personas varadas y sus familias. “Tienen que poder reclamar indemnización al Estado por los daños y perjuicios sufridos, pero lo que pasa es que caemos en lo de siempre. Son miles de personas que se ven forzadas a cubrir gastos emergentes, y que sufren perjuicios extra patrimoniales como el daño moral de haberse visto afectado. Corresponde, pero eso lo terminamos pagando todos los ciudadanos, no lo paga el funcionario ni Alberto Fernández con su patrimonio, lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Están endeudando a la población argentina porque el Estado se va a comer una serie de juicios millonarios”, dimensionó.
Amparos y habeas corpus: ¿Qué se debe hacer en caso de encontrarse varado en el exterior?
Vázquez Ferreyra explicó que quienes están viviendo esta angustiosa situación deben enfrentar al menos dos frentes: “Por un lado, lo primero que le podemos decir a quienes están varados es que guarden todos los comprobantes de todos los gastos porque eso va a servir para una demanda por perjuicios contra el Estado Nacional. Pero por otro lado, lo más importante que es lograr que vuelva esa persona, por lo tanto es hacer una presentación ante la justicia Federal por la vía de Amparos y de Habeas Corpus para que se disponga una medida de inmediato regreso”, sugirió y también expresó que “lamentablemente por más que el amparo habilite el ingreso al país, sin vuelos no hay modo”.
El ex Juez cree que lo que puede pasar es una demanda colectiva como el antecedente de la conocida Causa Halabi. En aquella oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó la “acción de clase” para proteger derechos homogéneos. En la causa Halabi –en donde se analizó la inconstitucionalidad de las normas que autorizaban la intervención de comunicaciones telefónicas y por Internet- la decisión del Máximo Tribunal permitió en el 2009 que una sentencia tenga efectos para todos los ciudadanos que padecen un mismo problema, sin necesidad de tener que iniciar un juicio.
El decreto es, entiende, completamente absurdo: “Es como pretender evitar las muertes por accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de automotores, algo absurdo. Con una diferencia encima: si vos prohibís la circulación de automotores vas a lograr el resultado esperado, en cambio cerrando las fronteras y los aeropuertos no cambia nada. En todo caso que les caigan con todo el peso de la ley a quienes no cumplen el aislamiento que deben cumplir al regresar. Ahora hay vacunas, hay test, hay controles. Esto es mucho peor que el año pasado cuando al menos había vuelos de repatriación”, cerró.
