La problemática de los inmuebles declarados “patrimonio histórico” entra en una fase más complicada. La crisis agudizada por la cuarentena aceleró el proceso de empobrecimiento de la gente y bajo el amparo de la necesidad extrema, se infringe la ley a sabiendas que tampoco está mal visto por el Estado la toma de la propiedad privada.
A través de este medio, las voces de empresarios del sector de la construcción, incluso autoridades del Colegio de Arquitectos de Rosario, inmobiliarias y comerciantes, advirtieron en reiteradas ocasiones, que se legisle con mayor responsabilidad a la hora de declarar un inmueble como patrimonio arquitectónico de la ciudad. Ocurre que el peso de las restricciones que caen sobre esas propiedades impide la libre disposición de los inmuebles, destruyendo su valor de mercado, quedando en la mayoría de los casos abandonados. Lo que el voluntarismo político cree que mágicamente convierte en un “monumento histórico” por una simple ordenanza, se convierte en taperas donde conviven alimañas y familias indigentes. A los ejemplos que abundan, se suma ahora el caso de la vivienda que pertenecía a Sor Josefa Díaz y Clusellas, ubicada en Rioja y San Luis de la ciudad de Santa Fe.
Según los comerciantes del lugar, el inmueble está en total estado de abandono por parte del municipio y la provincia. Actualmente la casa está tomada por una familia, que ya realizó una conexión clandestina de luz. Según el testimonio de vecinos, anteriormente la propiedad estuvo ocupada por una banda de delincuentes que había convertido el barrio en un infierno para vivir.
La Casa de Sor Josefa, declarada patrimonio histórico de la capital de la provincia, también estuvo en los planes de convertirse en un museo para mantener viva la obra de la pintora.
