El próximo 30 de junio vencerá el plazo del contrato provisorio que el gobierno provincial había celebrado con ARSSA, después de que se acordara la rescisión definitiva y la finalización de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario.
Mediante el decreto 5.194 del 30 de diciembre pasado, el Poder Ejecutivo refrendaba la finalización consensuada con la empresa -el origen de la desvinculación fue el incumplimiento de ARSSA, que sólo repavimentó un tercio de la traza cuando estaba obligada a hacer la obra completa-, y establecía un contrato precario de seis meses hasta tanto el gobierno pudiera avanzar con una nueva licitación para volver a dejar en manos privadas la administración del corredor.
La semana pasada, ARSSA advirtió por escrito al gobierno como poder concedente que en diez días se retiraría de la concesión, en virtud del cumplimiento del plazo citado.
El gobierno, ante la falta de certezas sobre cuál terminará siendo el futuro del corredor, le solicitó a la empresa que se quedara a cargo de la concesión con todo su equipamiento y recursos, por treinta días más. ARSSA responderá a ese pedido formalmente esta semana. Fuentes de la empresa anticiparon a El Litoral que aceptarán quedarse por un mes, con la condición de que dicha prórroga sea “por única vez”.
¿El sobre 2?
Mientras tanto, sigue aún pendiente la apertura del sobre dos con la oferta económica, en el marco del proceso de licitación pública internacional que el gobierno convocó para la nueva concesión. Como se sabe, a la apertura del primer sobre con la propuesta técnica sólo se presentó una oferta, promovida por la UTE Edeca-Supercemento, la misma que se había hecho cargo de la concesión de manera directa en la gestión de Hermes Binner, cuando AUFE abandonó el servicio.
Según pudo confirmar El Litoral, más allá del antecedente que comenzó a hacer “ruido” el mismo día de la apertura de sobres, el mayor inconveniente para avanzar con el sobre dos es que la propuesta económica plantearía un costo del peaje del orden de los cincuenta pesos. El monto, aunque técnicamente justificable, se torna absurdo y de imposible argumentación teniendo en cuenta que es el doble de la tarifa actual, pero sobre la base de una concesión que sólo deberá hacerse cargo de sueldos y mantenimiento del corredor, ya que las obras -principal erogación para el eventual inversor- ya están siendo financiadas por la provincia. Por ello, la posibilidad más cierta -según pudo saber este diario- es que no haya apertura del sobre dos, y la licitación se dé por caída.
El futuro
En este contexto de concesión provisoria prorrogada por treinta días y licitación en curso prácticamente fracasada, el Poder Ejecutivo estudia qué salida técnica y política aplicar. Es que si bien Miguel Lifschitz defendió la posición de insistir con un concesionario privado -por eso puso en marcha el proceso-, los propios diputados del Frente Progresista le pidieron que reviera la decisión y que dejara la administración de la autopista en manos del estado. El gobernador admitió tras ello que las dos hipótesis eran evaluadas. Oportunamente, planteó sus reparos a que fuese la provincia quien absorbiese a más los más de 250 trabajadores de ARSSA, sindicalizados, con ingresos elevados -el costo salarial mensual es de casi 20 millones de peso- y un régimen laboral propio. Por eso, la idea que está madurando en el seno del Poder Ejecutivo pasa por la constitución de un fideicomiso, que podría estar administrado por el Banco Municipal de Rosario. La figura evitaría crear una nueva empresa del estado, y sería el fideicomiso quien absorbería al personal, sin cambios de categorías ni ingresos. Una de las dudas, sin embargo, es si la alternativa debe requerir o no el aval parlamentario. De ser así, los tiempos apremian, ante la advertencia de ARSSA de que sólo aceptarán una prórroga que vencerá el próximo 30 de julio
Fuente: El Litoral
