El pasado martes, la Comisión de Producción y Promoción del Empleo debatió el proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Ciudad Futura que propone la creación del Programa Municipal de “Crédito Justo” para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento Productivo.
Según se explicó, el objetivo es otorgar líneas de financiamiento a beneficiarios individuales y colectivos y se propone que la norma reemplace al actual Promufo (Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento para emprendedores locales).
La edila Caren Tepp, autora del proyecto, argumentó que la ordenanza pretende fortalecer a aquellas unidades productivas que se encuentran por fuera de los alcances del sistema financiero formal regulado por el Banco Central. Según indicó, en la elaboración del proyecto se tomó en cuenta como antecedentes la ley nacional de microcrédito y la ordenanza que rige el Promufo, que el Concejo Municipal actualmente cogestiona junto a la Municipalidad. “Ambas normas se desarrollaron en el mismo año, pensando en aquellos sectores de la economía que quedaban por fuera del sistema formal”, apuntó.
En su exposición, Tepp planteó que, al tratarse de “una sola opción crediticia estandarizada” para el otorgamiento de microcréditos, el Promufo sea reemplazado por otra herramienta que diferencie distintos tipos de montos o fondos”. En ese sentido, señaló que se propone considerar 4 unidades productivas: individual o de hogares, desarrollada por una sola persona o más que habitan en la misma vivienda; empresas de pequeña escala; colectivas autogestivas, y asociación de unidades productivas que incluye fundaciones, asociaciones civiles y sociedades de hecho, que reúnan a más de una unidad productiva, sin fines de lucro, cuyo objeto sea la cooperación productiva.
“Planteamos que el rol del Concejo sea de control y monitoreo del programa pero no de ejecución”, expresó Tepp. Si bien evaluaron positivamente el proyecto, Silvana Teisa y Julia Irigoitia, ambas del bloque Todos Hacemos Rosario, sostuvieron que el cuerpo legislativo no debe perder su potestad actual ni desligarse del programa.
Con respecto a las condiciones crediticias, los montos variarán según las unidades productivas, desde un mínimo de 6 salarios mínimos, vitales y móviles hasta un mínimo de 12. En tanto, en relación a las formas de financiamiento, incluirían fondos del propio Municipio y de la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami).
