Tres concejales de Rosario presentaron un proyecto para pedir la intermediación de la Intendencia de Rosario en la posible venta del edificio donde actualmente funciona la Sala Arteón, en Sarmiento al 700.
“Encomiéndese al DEM, y a través de la repartición que corresponda, para que arbitre los medios necesarios para generar una instancia de mediación entre las partes (por un lado el grupo Arteón y por el otro los propietarios/as del inmueble de calle Sarmiento 778, de Rosario y/o quien invoque un interés legítimo) a fin de arribar a un entendimiento razonable para la ciudad y en el conflicto de que se trata”, enuncia el Artículo 1 de la iniciativa de tres artículos firmada por los concejales Marina Magnani y Andrés Giménez (Unidad Ciudadana) y Ariel Cozzoni (Unite).
En tanto, el segundo pide establecer “una mesa de trabajo con las autoridades del Gobierno de la provincia de Santa Fe a fin de proteger, preservar y promover el teatro, el cine y la cultura que despliega el grupo Arteón en la Sala”.
Entre los considerandos del proyecto, se recuerda que el director de la Sala Arteón, Néstor Zapata, a principios del mes de agosto, en la Comisión de Labor Parlamentaria, anotició que existe la posibilidad de que este edificio sea vendido para demoler el inmueble y construir otro.
“Los dueños de la galería donde funciona el Cine Arteón es el consorcio Valenti, directamente nos citaron para decirnos que tenemos que irnos porque van a vender el inmueble a una empresa que quiere construir un edificio. Nos sorprendió muchísimo que sea tan taxativo”, decía Zapata en una nota publicada por Rosario 3 y citada en el texto del proyecto.
“Hay dos herramientas jurídicas importantes a las que nos podemos aferrar. La primera es el contrato, que a nuestro entender, todavía está vigente porque el terminarse el contrato de 10 años existía una cláusula donde teníamos 5 años más de prórroga. Nosotros en tiempo y forma mandamos una carta documento diciéndoles que nos acogíamos a la continuidad. Nunca nos contestaron pero siguieron cobrándonos los alquileres y seguimos al día”, agregaba.
Los ediles se basan en la Ley Nacional del año 1959, que –argumentan- “dispone que las actividades teatrales sean consideradas de interés nacional, y que, en los casos de demoliciones de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes, con el objetivo de proteger, preservar y promover el arte y el teatro”.
REDACCIÓN ON24
