La conservación del patrimonio histórico de Rosario vuelve a meterse en la agenda de debate. Mientras el tema se recalienta por cuestiones puntuales que involucran edificios incluidos dentro del catálogo elaborado por el Estado local para su preservación, otras cuestiones de fondo buscan visibilidad, como por ejemplo, la actitud de la Municipalidad respecto a la selección y a las negociaciones con los propietarios de inmuebles de estas características.
Uno de los actores que invitó a sondear las profundidades del tema, fue el corredor inmobiliario y constructor Agapito Blanco, quien criticó la lógica aplicada por el municipio sobre un tema que va más allá de lo puramente arquitectónico y toca el concepto de propiedad privada.
“Tu casa es de todos nosotros, pero todos nosotros no hacemos nada para mantenerla o para compensarte el hecho de haberla apropiado para el Estado”, argumentó Blanco en la mañana radial de Fisherton CNN, a manera de ejemplo sobre cuál es la lógica imperante a la hora de encarar la cuestión.
Y siguió, “independientemente que uno pueda estar de acuerdo o no con el catálogo (de propiedades que la Municipalidad considera de valor patrimonial), contempla arbitrariedades, porque la esencia misma de la norma es arbitraria (…) Quiero decir que una persona puede tener un inmueble que, por su ornamenta o por arquitectura, una comisión decidió que tiene valor histórico y, por ende, no se pude tocar. Pero en la misma cuadra, puede haber otra casa que no tiene la misma valoración por parte de esa comisión y se puede levantar un edificio”. Esto significa que “el propietario de la casa que queda dentro del catálogo queda afectado por una ley que dice que el inmueble es de interés público, pero el público no hace nada para resarcir a ese vecino que de la noche a la mañana se topó con esta situación”.
Según Blanco, la propia subjetividad de la selección de los inmuebles lleva a que se valoren determinadas situaciones en desmedro de otras, lo cual, amerita que se subsanen los perjuicios provocados por dicha subjetividad. “En la mayoría de los países desarrollados donde el patrimonio tiene una valoración superlativa, esta discusión se dio hace 40 o 50 años, entonces, hay una homogeneidad. Acá hay cuadras o manzanas donde quizá hay una o dos propiedades catalogadas como de valor patrimonial y ahí se produce una heterogeneidad en el precio que no tiene sentido”, destacó Blanco.
Además, la norma que regula este tema es imperpetua, lo que quiere decir que no está incluida en la Constitución Nacional. Con ello, si otra formación política municipal quiere en el futuro modificar el catálogo, la situación de los inmuebles cambia completamente”.
“No hay que comprar 1.300 casas”
“No estamos hablando de que hay comprar 1300 casas (que es la cantidad de inmuebles catalogados por el municipio), sino atender los casos puntuales que se presentan año a año en los que el propietario dice ‘yo realmente quiero vender esta casa, pero si la sigo manteniendo en esta catalogación nadie me la compra’”, describió el corredor inmobiliario. Y explayó, “este es un hecho de la realidad, y frente a ello, la Municipalidad debería evaluar, tener una charla con el propietario y ver la posibilidad de resarcirlo. Y si en esa instancia no se llega a un acuerdo, que se vuelva a hacer una valoración del inmueble y que la Municipalidad lo compre y genere alguna instancia pública”.
“El mensaje que se da es malo, porque no podemos dejar de reconocer que la generación del 80% de esos inmuebles ha sido realizada por la actividad privada. Hay que entender que una obra arquitectónica de valor que le pertenece a un individuo, nos la está prestando por un determinado lapso de tiempo y hay que respetarlo”.
REDACCIÓN ON24
Por Mariano Fortuna
