El concejal de UCR 1983, Martín Rosúa, consideró que la Municipalidad de Rosario debe presentarse ante la Justicia para acreditar “un interés legítimo” sobre los terrenos de Puerto Norte, ubicados en avenida Francia, entre Caseros y Junín. En este espacio, se encuentran radicadas de forma irregular unas 70 familias, al tiempo que un fideicomiso privado asegura que las tierras son de su propiedad.
Para el edil, teniendo en cuenta la denuncia policial de usurpación de los terrenos y la demanda de desalojo, “hay dudas sobre la actuación de la gestión del gobierno anterior en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)”, afirmó Rosúa a ON24 y subrayó: “Creemos que hay una defensa judicial de los terrenos que resulta sospechosamente light, porque los dos actos interruptivos de la prescripción más tangibles son la denuncia policial de usurpación y la demanda de desalojo y ninguno de los dos están en el expediente. Entonces, la defensa fue muy floja, lo que si no implica una connivencia, sí implica que se pueda poner en riesgo los terrenos”.
Cabe recordar que en la sesión ordinaria del jueves 31, se aprobó un pedido de informes del presidente de la comisión de Producción y Promoción del Empleo en donde le solicita al organismo nacional conocer la defensa ejercida en la problemática de los terrenos ubicados en la zona de Puerto Norte.
Aunque los terrenos pertenecen jurídicamente a la ADIF, un fideicomiso conformado por empresarios locales, a través de la figura de la prescripción adquisitiva, pretende quedarse con los 28 mil 500 metros cuadrados que desde hace años se encuentran usurpados por familias de la ciudad.
Concretamente, el empresario Gabriel Mana conformó este fideicomiso a través del cual los ocupantes del terreno le cedieron el derecho de posesión para que él labre juicio de usucapión. “Ese fideicomiso dice que se vende el terreno y el 50% queda en manos de Mana y el restante 50% para los propietarios”, explicó Rosúa.
Es por ello que el concejal solicita que el Municipio acuda a la Justicia para acreditar su pretensión de darle un destino específico a los terrenos. “El paso siguiente ahora es garantizar que esos terrenos queden en poder del Estado Nacional”, sostuvo el concejal.
La intención de Rosúa es que estas tierras vayan a licitación pública, con indicadores precisos de la Municipalidad sobre proyectos inmobiliarios y parquizado, y el dinero obtenido se ingrese a un fideicomiso para la construcción de viviendas sociales en otras zonas de la ciudad, donde puedan ser reubicadas las 70 familias.
Cabe recordar que la semana pasada, la intendenta Mónica Fein, se reunió con el director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, para abordar la problemática situación del terreno. Tras la misma, la jefa municipal afirmó que está de acuerdo con la creación de un fideicomiso en conjunto con el gobierno nacional.
“Dado que hay un privado que los está condicionando, no hemos podido avanzar hasta ahora. Esta decisión del Estado nacional y del municipio de que son tierras nacionales va a permitir también la solución para esas familias”, señaló Fein.
En tanto, en relación a la situación judicial de los terrenos en cuestión, Lanús se mostró confiado y dijo que “hay un montón de elementos en la causa para probar que los terrenos son del gobierno nacional”.
REDACCIÓN ON24
