El control de los reclusos quedará bajo la órbita del Servicio Penitenciario, mientras que la construcción, mantenimiento, alimentación, higiene, atención médica y administración será privada
A través de los Ministerios de Seguridad y Economía el Gobierno Nacional está preparando pliegos para lanzar una licitación pública para la construcción de dos grandes cárceles de gestión privada, en respuesta a la “Emergencia Penitenciaria”, evitando así la “puerta giratoria” que padece el sistema penitenciario con una grave sobrepoblación carcelaria.
El modelo que adoptaría el gobierno implicaría la gestión en manos de privados contratistas, mientras que la vigilancia directa de los presos y la vigilancia del perímetro seguirá a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
El sector privado se hará cargo de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles.
El proceso de resocialización también quedaría bajo supervisión privada, con la expectativa de que el pago de un canon que haría el Estado por cada preso alojado en esas prisiones dependería de la tasa de reiterancia de los internos una vez que recuperen la libertad.
Sin embargo, los informes sobre el comportamiento de presos que reciben los juzgados –notas que influyen en el otorgamiento de beneficios– continuará bajo la firma del Servicio Penitenciario Federal .
Según el Diario La Nación una de las mega cárceles será construida en Ezeiza, en el predio del complejo penitenciario, con 3200 camas, convirtiéndose en la más grande del país. Mientras que la segunda se construirá en el interior del territorio nacional sumando 1.800 camas.
Una de las máximas preocupaciones de la cartera de la Ministra Patricia Bullrich, es el aislamiento absoluto de los reclusos de mayor peligrosidad. Actualmente hay 70 presos de alto perfil, con gran capacidad económica para potencialmente corromper y darse a la fuga, o dirigir crímenes bandas criminales que operan en las calles, especialmente en Rosario. Es el caso de Guille Cantero, líder de la banda narcocriminal de Los Monos, uno de los 7 internos del penal de Marcos Paz.
Esos 70 presos se llevan la atención pública, fundamentalmente aquellos que están vinculados con la generación de violencia urbana en Rosario, pero representan una ínfima para de los más de once mil alojados en instalaciones del SPF. Y hay otros cuatro mil imputados que están en lista de espera para ingresar en alguno de los sobrepoblados complejos penitenciarios. En esas cifras se apuntala la posición oficial para avanzar en el sistema de gestión privada de prisiones.
El 1° del actual, la ministra Bullrich firmó la ampliación por dos años de la “emergencia en materia penitenciaria”, que es extendida desde la declaración inicial de 2019. La crisis del sistema queda en evidencia también por el debate entre autoridades nacionales y porteñas por el cupo en cárceles federales. La falta de lugar mantiene atiborrados los calabozos de alcaidías y comisarías de la ciudad, donde se registraron 12 fugas este año.
A mediados de este mes estaban bajo custodia de la Policía de la Ciudad de 1940 personas privadas de la libertad. En las alcaidías se albergaba a 1246, en lugares que solo cuentan con 798 cama habilitadas, mientras que en las seccionales policiales de la ciudad se notificaron al 16 de abril, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 459 internos, casi replicándose en cupo máximo, fijado en 243 plazas. Otros 235 detenidos esperaban bajo custodia un lugar al menos en alcaidías y comisarías. En teoría, todos esos imputados deberían ser alojados en cárceles federales, como parte del largo proceso de transferencias de responsabilidades judiciales a la ciudad. Pero no hay lugar para todos. Y no son los únicos que esperan una vacante.
En la declaración de emergencia penitenciaria se dejó constancia de que además de los detenidos en dependencias porteñas, aguardan traslado personas alojadas en calabozos de fuerzas federales y en cárceles provinciales, con un total establecido este mes de 4265 personas.
El último dato oficial marca que el SPF tiene en custodia a 11.453 presos y que cuenta con 11.361 plazas. Afirman que el 60 por ciento llegó por causas originadas en la ciudad. En los próximos días será inaugurada la cárcel federal de Coronda, con unas 500 plazas, pero el traslado de presos porteños al interior depende de cada juez. Las autoridades nacionales esperan que la administración porteña avance en la construcción de una prisión en Marcos Paz, cuyas 2200 plazas darían un respiro a las comisarías y al penal de Villa Devoto, siempre al borde del colapso.
