A poco de vencerse el plazo para inscribirse al Registro Unico de Administradores de Propiedad Horizontal, el titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Roberto Montero, estimó que sólo el 30 por ciento de las personas y empresas que desempeñan esa tarea cumplieron con el trámite de registrarse, tal como lo indica la ordenanza aprobada por el Concejo. Además de la obligatoriedad correspondiente, el funcionario destacó la importancia de la herramienta, que “permite garantizar que cumplimenten requisitos básicos, hace a la calidad del servicio que brindan y a la tranquilidad de los vecinos de propiedad horizontal a la hora de evaluar medidas, contrataciones de terceros y demás acciones del consorcio”, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad que provocó la explosión del edificio de Salta 2141. Lo cierto es que el plazo para anotarse expirará el 31 de octubre y la oficina ya comenzó a recibir denuncias.
La creación del registro fue aprobada por el Concejo en diciembre del año pasado y sobre finales de marzo último se puso en marcha la inscripción de los administradores a través de la oficina del consumidor. Y si bien sólo existen datos aproximados de cuántas personas o empresas prestan este tipo de servicios en Rosario, con un centenar de administradores ya anotados en estos seis meses, el responsable de la oficina estimó que el número representa “sólo un 30 por ciento” del total.
Denuncias. La herramienta no sólo se propone regular la actividad, sino que, al ser pública, permite ser consultada por los vecinos que requieran antecedentes y datos sobre sus administradores, y recibir reclamos y denuncias. El servicio no es menor si se tiene en cuenta que el 50 por ciento de la población rosarina habita en viviendas de propiedad horizontal y ya se reciben una decena de reclamos por mes.
Las denuncias “son de todo tipo”, indicó Montero, y señaló que “si bien la mayoría de los consorcistas se acercan a presentar quejas por la actividad de sus propios administradores, también se presentan pedidos de información sobre personas o empresas que llevan adelante la tarea, y en esos casos se puede responder sobre las que ya están registradas”.
La liquidación de expensas, la falta de respuestas ante reclamos reiterados, incumplimientos por inconvenientes edilicios y problemas en la contratación de servicios de terceros, como pueden ser arreglos o trabajos de limpieza, son las principales denuncias que viene recibiendo la oficina.
El funcionario remarcó la sensibilidad que provocó la explosión del edificio de Salta 2131 el pasado 6 de agosto y, en ese sentido, indicó que “eso aparece a la hora de buscar servicios para realizar obras de reparaciones, pinturas y arreglos en la infraestructura, como pueden ser el gas, el agua o la electricidad, y donde la contratación se hace a nombre del consorcio y después aparecen las responsabilidades comunes”.
Plazos. Lo cierto es que, de cumplimentarse los plazos vigentes en la normativa aprobada, en pocos días más quienes no hayan realizado aún el trámite deberían ser sancionados por el Tribunal de Faltas del municipio. Sin embargo, podría haber antes una decisión clave en el Palacio Vasallo.
En ese punto, Montero detalló que esta semana se enviará una nota al cuerpo para que defina si se ratificarán los plazos de la norma tal cual se aprobó en diciembre pasado o si se otorgará una prórroga. “Vamos a enviar un informe a los concejales sobre la cantidad de inscriptos para que ellos resuelvan, ya que cualquier modificación de plazos debe ser aprobada por el cuerpo”, explicó el funcionario.
Montero afirmó que “el objetivo es resolver la situación lo más rápido posible y, en caso de no haber prórroga, el Tribunal de Faltas deberá empezar a ejecutar las sanciones”.
