La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento del exjefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal, Guillermo Gabriel Gallo, y del empresario condenado Juan Ignacio Suris —quien cumple penas por comercio de estupefacientes agravado y asociación ilícita fiscal— por haber recibido y ofrecido, respectivamente, coimas a cambio de privilegios en las condiciones en la detención que este último cumplió en la sede policial entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.
La decisión fue adoptada el 5 de febrero pasado por las camaristas Élida Isabel Vidal, cuyo voto lideró el acuerdo, y Silvina Andalaf Casiello, quien adhirió a los argumentos de su colega. En el mismo caso adquirieron firmeza los procesamientos del exsubjefe de la misma delegación policial, Leonardo Rafael Benítez, y el de una mujer, M.M., quien se presentó como “socia” de Suris y se encuentra acusada de haber llevado el dinero a la dependencia policial con el que se pagaron los privilegios. Tanto el policía como la mujer relacionada a Suris habían recurrido el procesamiento dictado por el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, pero luego sus defensas no sostuvieron sus recursos, por los que el tribunal de alzada los tuvo por desistidos.
De acuerdo con la pesquisa, Suris recibía visitas y transitaba su detención durante el día en el casino de oficiales y entregaba por sí o mediante otras personas dinero al subcomisario Benítez. Con esas sumas, los agentes policiales concretaban grandes compras, que incluían carne para asados, gaseosas y bebidas alcohólicas.
Suris había sido alojado en la sede de la Policía Federal en Santa Fe, luego de que el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenara su detención cuando quedó firme la condena a 6 años de prisión por comercio de estupefacientes agravado que le había dictado el 3 de noviembre de ese mismo año. Un día después, lo condenó en otro proceso a 5 años de prisión por asociación ilícita fiscal y le unificó ambas penas en una única de 8 años de prisión.
De acuerdo con la resolución, los familiares o amigos del condenado entregaban dinero a los agentes policiales para que hicieran compras de supermercado o a través de la aplicación Pedidos ya. Entre las pruebas valoraron dos tickets por $143.215,47 y $97.645,34.
La investigación por los sobornos a los policías federales se inició el 22 de enero de 2024 con un llamado anónimo a una línea del Ministerio Público Fiscal, en el que se advirtió que Suris podía circular libremente por la dependencia policial, que recibía visitas en diferentes momentos, que utilizaba teléfonos celulares y que pasaba el día en el denominado “casino de oficiales”. También se detalló que el 20 de enero ingresó una mujer que se identificó como “socia” del condenado y que le entregó al subcomisario 1 millón de pesos.
El titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, Walter Rodríguez, y los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, impulsaron el proceso y motorizaron las medidas de prueba. Al solicitar la confirmación de los procesamientos, los representantes del MPF marcaron que la investigación “demostró la presencia de un cuadro objetivo que permite ubicar a Gallo -junto con Benítez- en el despliegue de las maniobras necesarias para que Suris gozara de beneficios indebidos durante su alojamiento en la DUOF a cambio de una contraprestación dineraria”.
El comisario Gallo se encuentra procesado como coautor de los delitos de cohecho pasivo y peculado y autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir 8 millones de pesos.
En tanto, el subcomisario Benítez fue procesado por los mismos delitos y por encubrimiento doblemente agravado y violación de secretos. El juzgado además dictó su prisión preventiva y dispuso un embargo sobre sus bienes en 10 millones de pesos.
El condenado Suris durante su detención en la DUOF Santa Fe, fotografiado en las tareas de inteligencia criminal. Imagen remitida por la Unidad Fiscal Santa Fe.
El condenado Suris, por su parte, fue procesado en grado de autor de cohecho activo y fue embargado en 6 millones de pesos. La Cámara Federal dictó su falta de mérito respecto del delito de encubrimiento agravado por el que había sido procesado en primera instancia. Finalmente, la mujer acusada de llevar el dinero a la repartición policial fue procesada como partícipe de cohecho activo y se dictó un embargo sobre sus bienes en 3 millones de pesos.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 27 de noviembre de 2023 y el 11 de marzo de 2024, cuando la Gendarmería Nacional allanó la delegación policial.
Dinero sobre el escritorio y registrado en los libros
La sala B de la Cámara Federal de Rosario sostuvo que durante la investigación pudo establecerse la forma en la que Suris, por sí o por intermedio de su “socia”, “efectuó distintos pagos al subcomisario Benítez con el fin de obtener un trato benevolente y diferenciado al resto de los detenidos, que excedía notablemente la circunstancia de sobrellevar su detención con mínimas condiciones de dignidad, como alegó la defensa”.
“Todos los elementos descriptos, analizados en su conjunto, desde la sana crítica y la experiencia, me permiten tener por acreditado de manera indiciaria que Juan Ignacio Suris, directa o indirectamente, entregó dinero al subcomisario Benítez a cambio de obtener beneficios o privilegios durante su detención en la DUOF Santa Fe”, sostuvo la Cámara Federal.
Al respecto, el tribunal puso de relieve las anotaciones efectuadas en el “libro de Novedades Celador” de la delegación policial correspondientes al 14 de enero de 2024, y las realizadas en otro libro habilitado por el comisario Gallo el 9 de diciembre de 2023, donde se asentaron compras casi diarias de alimentos (incluidas bebidas alcohólicas) realizadas por agentes de la dependencia por montos muy significativos. De acuerdo con las conclusiones de la investigación, en ese libro informal los agentes federales registraban únicamente los movimientos del dinero de Suris. Ello fue tomado como evidencia del delito de peculado atribuido a Gallo.
De acuerdo con la investigación, el registro, que fue entregado voluntariamente por el policía imputado, contenía constancias del ingreso del dinero que los familiares o amigos del condenado entregaban para que fuera administrado por los agentes policiales para realizar compras de supermercado o adquirir menús a través de la aplicación Pedidos ya, cuando el imputado así lo requería. Entre las pruebas se valoraron dos tickets: uno del 15 de enero de 2024 por $143.215,47, y otro del 10 de febrero del mismo año por $97.645,34.
Según la resolución judicial, en los comprobantes figuraba la adquisición de varios kilos de carne (chorizos, costilla, asado, matambre), carbón, verduras, vino y gaseosas. “Estas situaciones descriptas, que se repitieron durante todo el tiempo en el que Suris estuvo privado de su libertad fueron reconocidas por el imputado en su indagatoria, y confirmadas por los testimonios de los agentes federales”, indicó la Cámara Federal.
El tribunal también valoró entre las evidencias la declaración de una policía federal, quien sostuvo que, mientras ella le pasaba las novedades al subcomisario Benítez, vio fajos de dinero sobre la mesa de la oficina y que Suris estaba presente.
“Del análisis del libro de registro, personal de la División Operaciones Especiales determinó que por lo menos los sábados 9 y 16 de diciembre de 2023; 20 de enero de 2024 y 17 de febrero de 2024, el imputado [Suris] mantuvo un encuentro privado con Benítez, y en todos ellos, a excepción del 17 de febrero, lo visitó M. en el Casino de Suboficiales”, sostuvo la sala B del tribunal alzada.
“Todos los elementos descriptos, analizados en su conjunto, desde la sana crítica y la experiencia, me permiten tener por acreditado de manera indiciaria que Juan Ignacio Suris, directa o indirectamente, entregó dinero al subcomisario Benítez a cambio de obtener beneficios o privilegios durante su detención en la DUOF Santa Fe, encuadrando su conducta en el delito de cohecho activo, por lo que corresponde confirmar la resolución en este punto”, consideró la jueza Vidal en su voto, al que adhirió Andalaf Casiello.
