Roberto Vázquez Ferreyra, reconocido abogado de Rosario y exjuez del Distrito Civil y Comercial de la ciudad, presentará la semana próxima una demanda civil ante los Tribunales locales por lo que entiende es un cobro indebido de los honorarios de los abogados del Municipio para adherirse a la Moratoria de Patente Automotor.
“Yo voy a hacer una presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Rosario la semana que viene, de tipo colectiva, es decir, invocando los intereses de toda una comunidad”, indicó Vázquez Ferreyra a ON24. A partir de esta demanda, la idea sería que se le devuelva el monto retenido a todos los ciudadanos a quienes les fueron cobrados los honorarios de los abogados municipales.
Para ello, en la acción judicial, el profesional local le solicitará al juez que le pida a la Municipalidad de Rosario que informe cuántas intimaciones se han hecho y cuántos cobros se han efectuado. “Es absurdo que la Provincia o el Municipio te hagan una quita en los intereses y una financiación para pagar la deuda, pero te digan que a los abogados les tenés que pagar al contado para recién ahí poder acceder al plan de pagos”, manifestó Vázquez Ferreyra. “Esto es una avivada”, agregó y explicó: “Acá no hubo ni intimación pre judicial ni apremio judicial, y además no se respeta la escala de honorarios regulada para esta actividad profesional”.
Concretamente, el abogado rosarino debía el periodo 2 de la Patente del año pasado, meses en los que regía el confinamiento estricto, por lo que “la boleta me había llegado al estudio y yo estaba en mi casa, porque no se podía ir a trabajar”, indicó. Además, contó que le habían bloqueado el acceso a la página del API para pagar la patente vencida, “por lo que la única forma que tenía de abonarla era haciendo el trámite con los abogados, pagándoles un honorario por una tarea que no hicieron”.
Más allá de eso, en un intercambio vía mail con los abogados del Municipio, “ellos reconocieron que el apremio no estaba iniciado en ningún juzgado ni se había realizado gestión extrajudicial”, por lo que “si el plazo para adherirse a la moratoria vence el 31 de mayo, no me pueden intimar antes y cobrar los honorarios”, enfatizó. “Distinto es si se hubiera iniciado un juicio”, apuntó.
Vázquez Ferreyra remarcó que “acá te quieren cobrar por hacer nada” y señaló que el monto que le exigen pagar es del orden del 15% de la deuda, cuando en realidad “con juicio y todo, el tope es del 6% de acuerdo con la Ley de Aranceles”.
“Yo soy abogado y me dedico a esto, entonces conozco cómo es, pero estoy convencido de que se lo deben haber cobrado a mucha gente que no sabía y que estuvo mucho tiempo sin trabajar por la pandemia. Yo tengo 63 años y no recuerdo una crisis como ésta, y todavía te quieren cobrar algo que no corresponde”, expresó.
En ese sentido, recalcó que, en primer lugar, se trata de una “afectación a la buena fe”, además de una violación a la Ley de Aranceles N° 6767 y del Artículo 8° Bis de la Ley de Defensa del Consumidor, “que considera un agravio a la dignidad cuando se reciben notificaciones que pueden generar creer que se trata de una intimación judicial”.
REDACCIÓN ON24
