Entre sus principales motivos del rechazo están que: lo propuesto no difiere en general a lo dispuesto por los Decretos de Emergencia que se han dictado hasta ahora, pero esta vez van contra la opinión y el derecho a decidir de las provincias
Es aquí donde se voltea el federalismo ya que los gobernadores, intendentes y jefes comunales no tendrán ni voz ni voto, y el Estado Nacional dispondrá de forma unilateral cómo y cuándo se pueden realizar los cierres, esto incluye desde escuelas hasta comercios e industrias. Los parámetros epidemiológicos para tomar estas decisiones son débiles e inentendibles ya que pueden modificarlos cuando quieran, de la manera que consideren sin criterio alguno. Viviremos en una permanente incertidumbre.
El Gobierno Nacional sostiene que lo hace para “cuidar a los argentinos” frente a la pandemia del COVID-19, pero en realidad no quiere explicar el por qué los descuidó, ya que no se cumplió con los objetivos de inmunización, tampoco se testeó ni se testea como corresponde. A su vez, nuestro país está entre las primeras 15 naciones con casos de COVID-19 a Nivel Mundial; esto es un fiel reflejo de que solamente la improvisación es lo que caracteriza al presidente y todo su equipo.
Para hacer una revisión histórica sobre esta cuestión, Antes de la sanción de la Constitución, Rosas se arrogó la suma del poder público y por eso en los acuerdos preexistentes, que reconocen la preexistencia de las provincias antes del estado nación, se estableció específicamente esa prohibición y fue volcado en la Constitución. El Congreso no puede otorgarle al presidente ni delegarle bajo ningún fundamento facultades propias de los estados provinciales.
Después de la sanción de la Constitución, solo los gobiernos de facto se arrogaron la suma del poder público y todos sabemos lo que sucedió.
Con esto vemos de forma explícita que al gobierno de Alberto Fernández le importa poco y nada respetar las decisiones judiciales, ya que no se está cumpliendo las autonomías de las provincias que se dejaron bien claras en el fallo de la Corte Suprema la semana pasada.
Deciden imponer con la fuerza del número, restricciones discrecionales, muchas de las cuales no están escritas en el texto, sino que la ley delega que puedan hacerlo en cualquier momento, incluso suspender las elecciones. No hay ningún justificativo que respalde este escándalo.
Desde el gobierno nacional, sostienen que quieren superpoderes parecidos a los que le votaron a Angela Merkel en Alemania. Ahora bien, en el país existe un sistema parlamentarista de poder que es diametralmente opuesto al presidencialismo argentino. El canciller o primer ministro cuenta con muchos mecanismos de control de parte del Parlamento que jamás tendría un sistema presidencialista como el argentino.
Tomando las palabras del presidente del gobierno español ayer en marco de la visita de Alberto Fernández: “Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución”, estaría bueno que nuestro primer mandatario siguiera los pasos de su “amigo”.
Tenían la responsabilidad moral de traer vacunas e inmunizar, pero lo que hicieron fue liberar presos, sub testear y vacunar a sus amigos.
Es así como esta ley inconstitucional va a convertir a Alberto Fernández de Presidente a Emperador y a nuestra república en un Estado Absolutista.
