Ante el inminente tratamiento de proyectos relevantes para el futuro de la economía del país en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a realizarse en el mes de diciembre próximo, el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), en su última reunión plenaria, celebrada la semana pasada, fijó posición sobre las iniciativas vinculadas puntualmente con la reforma electoral, presión impositiva y ley de ART.
REFORMA ELECTORAL
En cuanto al proyecto sobre reforma electoral que quedó frenado en el Senado por un sector de la oposición, el Foro considera que el voto no es un hecho menor, circunstancial. Define no sólo a las autoridades que gobernarán el país, sino fundamentalmente el futuro de la Nación. Hace a la consolidación de la República.
Así como es esencial defender el derecho de los ciudadanos a conocer en detalle las propuestas de los partidos contendientes, es importante que se preserve la transparencia del proceso de votación y conteo. Es necesario que el sistema electoral asegure que no vuelvan a ocurrir los bochornosos episodios que tuvieron lugar en las elecciones del año 2015.
El FCE respalda el uso de la Boleta Única y/o Electrónica “como un elemento superador del actual esquema de listas impresas, que tradicionalmente generan indeseables sospechas de fraude y atentan contra el respeto y la autonomía de la decisión del electorado”.
PRESIÓN IMPOSITIVA
Existe amplio consenso acerca de que la reducción de la elevada presión tributaria es condición para promover la inversión privada y la generación de empleos genuinos, si bien se acepta que debe asumirse con la debida prudencia ante la situación social vigente.
La presión tributaria en Argentina aumentó del 24,3% en 2004 al 32,1% en 2015, llegando al 34% si se incluyen las tasas municipales, mientras que el promedio de Latinoamérica creció del 19,7% en 2004 al 24,4% en 2013 (últimos datos disponibles).
Preocupa la existencia de proyectos que sólo pueden ser financiados con la creación de nuevos impuestos, como así también el incremento de impuestos provinciales y tasas municipales.
El Foro entiende que se impone la necesidad de una “reforma tributaria y fiscal a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos, y coadyuve a la formalización de la economía sobre la base de equidad y la progresividad”
LEY DE ART
El exponencial crecimiento de la litigiosidad relacionada con el sistema de riesgos del trabajo no sólo ha tenido un fuerte impacto en la suba del costo laboral (incremento de la contribución patronal destinada a cubrir el precio del seguro), sino que pone en riesgo la subsistencia misma del sistema, que ha mostrado muy buenos resultados en la reducción permanente de la siniestralidad y la mortalidad laboral.
A modo de ejemplo, durante el año 2015 se iniciaron 106.000 demandas derivadas de presuntos siniestros laborales, un 20% más que el año anterior, y para este año se esperan alrededor de 122.000 nuevos planteos judiciales, un 16% más que en 2015 (en la actualidad se encuentran en trámite activo cerca de 350.000 juicios que representan un millonario pasivo contingente). Evidentemente esto genera el colapso de los tribunales especializados.
El proyecto de reforma del sistema, actualmente bajo tratamiento en el Senado de la Nación, brinda una adecuada respuesta a la problemática mediante la generación de un régimen administrativo de solución de las controversias derivadas de los riesgos laborales. Se atiende además a los reparos constitucionales que se le hicieran al régimen anterior, impulsando un mecanismo de adhesión voluntaria de las provincias a este novedoso sistema.
Se trata de un procedimiento ágil, de rápida resolución, y de fácil acceso para los trabajadores, con una posibilidad de revisión judicial amplia en caso de no llegarse a una solución consensuada con base en dictámenes médicos idóneos. Asimismo, se acortan los plazos en los que el trabajador accede a la reparación del daño sufrido, cumpliendo con su objetivo de integralidad y celeridad.
El FCE entiende que este proyecto podría brindar una eficaz herramienta para destrabar la conflictividad laboral derivada de los accidentes y enfermedades y el excesivo costo adicional que genera la innecesaria judicialización de muchos de tales conflictos.
