Atento a la catarata de juicios laborales iniciados contra el sistema, el gobierno nacional decidió reformarlo a través de un decreto. Saltándose la etapa legislativa, la medida publicada hoy en el Boletín Oficial apunta a devolverle la sostenibilidad a un régimen que marchaba al colapso.
En Santa Fe, el tema mantiene en vilo a gran parte del sector empresario que observa desde hace tiempo la deformación del sistema cuyas implicancias empujan hacia arriba los costos laborales. Pocas semanas atrás, al ser consultados por su opinión respecto a las modificaciones que el gobierno de Cambiemos busca introducir en el mercado laboral, tanto la Federación Gremial de Comercio e Industria (FECOI), como la Asociación de Empresarios Metalúrgicos (AIM), pidieron no olvidar este tema fundamental en la agenda de reformas.
No es casualidad
La preocupación tiene fundamento en la provincia. Según el último informe elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riegos del Trabajo al que tuvo acceso ON24, Santa Fe terminó el 2016 en tercera posición entre los distritos con mayor cantidad de juicios por accidentes laborales, registrando un incremento del 2,8% respecto a las cifras de 2015.
Los números mostraron nuevamente en 2016 suficientes motivos como para apurar la reforma del sistema. A nivel país, en diciembre entraron 12.248 juicios, un 45% más que el mismo mes del año 2015. Lo cual, consolida una tendencia notable: en 2003 la cantidad de juicios era de 3.012, en el 2016, es de 127.503. Observado de otra forma, mientras que en 2003 se ingresaban 6 juicios por año por cada 10 mil trabajadores cubiertos, en 2016, se ingresan 139.
Del total de juicios iniciados, a Santa Fe le corresponden 16.247. Número que la ubica detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 61.183; y la provincia de Buenos Aires, con 20.654.
Reforma por decreto
El DNU publicado hoy por el gobierno replica el proyecto de ley que ya había tenido media sanción en el Senado, y que contaba con el aval de la CGT.
Entre los considerandos, se advierte que “la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Medicas Jurisdiccionales”. Cuestión central que se busca cambiar con la nueva reglamentación.
De esta forma, el Gobierno dispone como “obligatorio y excluyente” la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la Justicia en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. Al tiempo que les fija a las comisiones médicas un “plazo máximo” de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos.
Además, se destaca la reglamentación respecto al pedido de revisión de un fallo, la creación “Autoseguro Público Provincial” y mejoras en los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones.
REDACCIÓN ON24
Por Mariano Fortuna
