En el marco del convenio colectivo de los empleados de Comercio, uno de los más grandes del país, el empleador debe asumir cargas que van mucho más allá del salario. Se trata de aportes, contribuciones y fondos solidarios que suman $56.685,36 mensuales por cada trabajador, sin representar una mejora directa en su remuneración.
Esta paritaria, gestionada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), alcanza a 1.2 millones de trabajadores. Con ese universo, las distintas cajas sindicales y paraestatales reciben una masa de dinero mensual superior a los $68.000 millones, convirtiéndose en cajas millonarias de recaudación
Tomando como parámetro el salario más bajo del escalafón, correspondiente a la categoría Maestranza A ($929.207 mensuales), se desglosan algunos de los llamados “costos ocultos”:
- $5.500 de Contribución Solidaria a OSECAC, nacida en la pandemia y aún vigente, incluso si el empleado no está afiliado a esa obra social. Multiplicado por la cantidad de trabajadores del sector, se estima una recaudación de $6.600 millones mensuales.
- $4.725,02 al INACAP, un instituto de capacitación que recibe aportes aunque el trabajador no participe de ninguna formación. Esto implicaría unos $5.670 millones por mes.
- $23.230,17 al Seguro La Estrella, un fondo de retiro del que sólo el 50% llega a la cuenta del trabajador y con rendimientos muy por debajo de la inflación. Sólo en septiembre de 2024, por ejemplo, se ajustó un 1,85% contra una inflación del 3,5%.
- $4.646,03 de aporte mensual a FAECYS, descontado del sueldo del trabajador, aunque no esté afiliado. Este ítem implica otros $5.500 millones mensuales.
- $18.584,14 al sindicato SEOCA, también descontado directamente del salario, sin necesidad de afiliación. Representa otros $22.300 millones al mes.
En total, y sin contar ingresos extra como aguinaldos o horas extras, estos aportes generan una masa de recursos que no impacta en la mejora del ingreso real del trabajador ni se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. En cambio, muchos sostienen que ese dinero podría destinarse a la generación de miles de nuevos puestos de trabajo, si no existieran tantas obligaciones distorsivas.
