Por Cámara Argentina de Internet
Un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores pone en riesgo de subsistencia de muchas pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a internet en la mayoría de las localidades del interior del país, ya que la fijación arbitraria de precios y porcentajes de aumento sin un análisis pormenorizado y criterioso de la estructura de costos, como la que se ha hecho en forma inconsulta y a las apuradas, obliga a los ISPs a vender a pérdida, porque no es un dato menor que es una industria en la que la gran mayoría de los costos son en dólares (equipamiento, redes y conectividad mayorista).
Entendemos perfectamente la necesidad de que la gente pueda acceder a la conectividad, pero no puede ser a costa de la subsistencia de las pequeñas empresas y emprendedores. Con la inflación acumulada durante el año y una devaluación de más del 30% en el valor del dólar oficial, estos aumentos no son suficientes para sostener ni siquiera la estructura de costos de los servicios de internet, mucho menos generar una rentabilidad mínima que permita afrontar las inversiones que las redes necesitan para seguir operando. Las PyMEs y cooperativas no tienen subsidios, no tienen acceso al capital, no tienen posibilidad de financiar sus operaciones a pérdida.
Coincidimos en un todo con en el objetivo de alcanzar una mayor inclusión digital y propender a que la conectividad sea de acceso universal, pero el camino para lograrlo no puede ser la destrucción de una industria que en relativamente su corta vida ha demostrado con creces su capacidad de innovar, de desarrollarse y de llegar a cubrir con servicios al 64% de los hogares de argentina, a pura inversión privada. Esa penetración del 64% es bastante mayor a la que tienen hoy muchos servicios públicos que aun siendo considerados como tales desde hace décadas, no han logrado alcanzar a grandes segmentos de la población, demostrando que la mera declaración como servicio público no es garantía de que esos servicios van a llegar a más gente.
Ninguna política pública puede ser efectiva y sostenible si se basa en la ignorancia más absoluta de la estructura de costos que tienen los proveedores de internet, muchos de ellos generados por impuestos de los diferentes estamentos del Estado. El mega mayorista, principal insumo de los proveedores de internet, además de cotizar en dólares, tiene un precio en el AMBA y los principales centros urbanos, y uno sensiblemente mayor si el proveedor está en el interior del país. Y si ese ISP está en el interior del interior, la brecha es aún mayor. La ecuación se hace más compleja, y el precio más discrecional, dependiendo de cuántas redes de fibra óptica u operadores mayoristas en competencia estén en una determinada zona y que tal lejos esté el nodo mayorista de la infraestructura del proveedor local.
Es un paso en la dirección correcta que el Enacom haya tomado el pedido de CABASE de establecer una regulación asimétrica que contemple la realidad inobjetable de que la estructura de costos y las inversiones que requiere un ISP son muy diferentes si se trata de una multinacional con varios millones de clientes o es una PyME o cooperativa que provee servicios a 200 hogares de una pequeña localidad, o si es un ISP Wireless, o tiene infraestructura de cablemodem, o de fibra óptica o provee servicios satelitales. Una regulación asimétrica es un buen primer paso para tener una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, PyMEs y cooperativas, diferenciado del de los grandes operadores, pero la decisión de hoy de fijar un aumento del 8% tomada de manera inconsulta y a espaldas de las PyMEs y cooperativas, pone a estos actores del ecosistema en riesgo de desaparecer por estar obligados a comercializar sus servicios muy por debajo de sus costos de operación.
