Esta mañana, el Poder Ejecutivo dio a conocer el Decreto 406/2016 que crea el “Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo” para eliminar la retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables que el Estado hoy realiza a las provincias. El texto pone al 1º de enero de 2021 como plazo máximo para terminar con esa retención. Durante esos cinco años, el Gobierno se compromete a reducir el porcentaje que descuenta a los distritos de “forma progresiva y escalonada” para no desfinanciar a la Anses.
Según pudo observarse, el massismo tuvo un doble rol clave en las negociaciones; no sólo su negativa a votar el DNU apuró las conversaciones, sino que su equipo técnico redactó el borrador en el que el oficialismo se basó para crear el Consejo para el Nuevo Federalismo que negociará un nuevo Pacto Fiscal. La propuesta del Frente Renovador fue tomada casi al pie de la letra, con el rechazo por parte del oficialismo de un sólo artículo.
La medida estatal crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, que tendrá la misión de llevar adelante la medida que busca establecer “un régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera entre el Estado nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de facilitar la extinción de las obligaciones recíprocas que se encontrasen pendientes”.
Historia
En noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe y San Luis en los pleitos que iniciaron contra el Estado nacional por la detracción de recursos coparticipables para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Este caso tiene su prehistoria en la década del 90 cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, firmó con las provincias el primer pacto fiscal. Por ese acuerdo, la Nación pasó a detraer el 15 por ciento de los recursos tributarios previos a la coparticipación a provincias, para financiar a la seguridad social. Nueve años después, con el mismo ministro, pero bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, la Nación decidió unilateralmente, deducir, por parte de la Afip, un porcentaje de los recursos girados a la provincia (a valor actual 1,9 por ciento).
En el caso del descuento del 15 por ciento, fue la cláusula primera del pacto fiscal de agosto de 1992 y prorrogada sucesivamente en diversos pactos federales. En una de esas prórrogas, el Estado extendió a partir de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante la ley 26.078, cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional.
