El voraz aumento de la medicina prepaga impactó fuertemente en la clase media que, tras la liberación de precios que decretó el gobierno a las empresas de salud, comenzó a advertir que se trataba de un servicio demasiado oneroso para el bolsillo, ya de por sí golpeado por la inflación.
En ese marco, comenzaron a presentarse amparos en la Justicia como una búsqueda de respuesta para que, sobre todo personas bajo tratamientos delicados y necesarios, puedan seguir contando con esa prepaga sin pagar precios abusivos.
“El origen de todo esto, son años de política populista, donde se destruyeron los cuadros tarifarios y las empresas. Ahora hay que recomponerlo, pero paso a paso. No se puede hacer de un día para el otro”, sostuvo el abogado y ex Juez en lo Civil, Roberto Vázquez Ferreyra.
En ese marco, el especialista y profesor de derecho indicó que en este conflicto debería intervenir la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. “No hay duda que este es un gobierno liberal o libertario, como se autocalifica, en donde hay que tratar de dejar que el mercado funcione, pero para que el mercado funcione tiene que haber ciertas reglas, una de ellas es la libertad de competencia”, subrayó.
Días atrás el propio Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, criticó los aumentos siderales que las empresas aplicaron sobre los usuarios de la medicina prepaga: “Le están declarando la guerra a la clase media”, sin realizar autocríticas por las decisiones que llevaron a eso.
En ese mismo sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni, en las últimas horas declaró: “Nosotros no somos pro empresa, somos pro mercado, trabajamos por mercados libres y queremos que la gente tenga las mejores alternativas y precios. Vemos que con las prepagas eso no ocurre, son prácticas que giran en torno a una cartelización. Vamos a tomar medidas, se están tomando medidas y se van a comunicar”.
Vázquez Ferreyra considera que “podría haber una connivencia entre todos los que integran el mercado para fijar una tarifa que a lo mejor es más elevada a lo que uno hubiera querido”, aportando a la teoría de la cartelización que mantiene el gobierno en este rubro.
RECURSOS DE AMPARO
Mientras tanto, los usuarios de las prepagas ya comenzaron un camino judicial para frenar los aumentos de la medicina privada, algo que podría llegar a avanzar si es que los jueces entienden que se trata de un servicio esencial como la salud y se prueban los abusos en los costos.
“No tengo conocimiento de casos en Rosario pero sí a nivel país. La persona que no pueda hacer frente al pago de la prepaga, que a lo mejor tenga un tratamiento en curso que no pueda abandonarse ni cambiar de empresa, es muy factible que vaya a la justicia”, opinó el abogado.
Asimismo, Vázquez Ferreyra no cree que prosperen los amparos colectivos porque “la plataforma práctica es muy variada”, teniendo en cuenta los diferentes planes, coberturas y gente que necesita del servicio. No obstante, cree que los casos individuales pueden ser atendidos. “Veremos qué dicen los tribunales, esto en principio sería competencia de la justicia federal, pero hasta ahora por lo menos yo no tengo conocimiento de que se haya dictado alguna resolución”, agregó.
A nivel nacional, los amparos se acumulan en distintos juzgados, principalmente en Capital Federal y el AMBA. Por ejemplo, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín 2, que lleva adelante el amparo colectivo de afiliados contra el Hospital Italiano, comunicó que ellos no aceptarán más adherentes debido a la gran cantidad de demandantes: son 700 ya inscriptos y hay otros 400 por sumar.
Por otra parte, el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay 2 abrió otro amparo colectivo que concentra todas las demandas contra la Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE).
