En nuestro país, hace más de cien años que comenzaron a instalarse las ideas de proteger a los trabajadores en su vejez. El peronismo y el estatismo de él derivado, no sólo no tuvieron nada que ver con el origen del sistema jubilatorio sino precisamente con su demolición y bancarrota.
ANTECEDENTE: EL SISTEMA ACTUARIAL
Los seguros sociales se establecieron en Argentina durante 1904 con la ley 4.349 impulsada por Alfredo Palacios, que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos. Luego, siguieron la creación de Cajas Jubilatorias por gremios, basadas en excelentes cálculos actuariales.
En 1915, la Caja de Maquinistas de la Fraternidad (Ley 9.653); en 1918, la Caja del Personal Ferroviario (Ley 10.690); a continuación, en 1921, la Caja de Servicios Públicos (Ley 11.110); en 1923, la Caja de Bancarios y Empleados del Seguro (Ley 11.232); en 1928, la caja para Empleados del Comercio e Industria (Ley 11.289); en 1939, la caja de Periodistas y Personal Gráfico (Ley 12.581) y la Caja del Personal de la Marina Mercante (Ley 12.612).
Estas Cajas Gremiales eran autónomas. No formaba parte de las cajas del Estado ni de los Sindicatos. Eran Asociaciones mutuales privadas libres, organizadas mediante rigurosos cálculos financieros efectuados por una pléyade de actuarios que establecieron un sistema de imposiciones mensuales, por período vencido, colocadas a una tasa de interés compuesto del 4% anual sin inflación.
Con esas imposiciones mensuales constituían un fondo para atender las rentas vitalicias diferidas que los afiliados iban a percibir a partir del momento de su jubilación hasta su muerte, la del cónyuge o del hijo incapacitado.
Los cálculos financieros tenían en cuenta las expectativas de vida y utilizaban “Tablas de mortalidad y conmutación a distintas tasas anuales”. Fueron realizadas por ilustres actuarios: José González Galé, Argentino Acerboni, Filadelfo Insolera y Giorgio Mortara, maestros actuariales que proporcionaron las bases científicas de estas cajas verdaderamente inconmovibles. Los libros de texto de estos actuarios mantienen una sorprendente actualidad y podrían servir para hacer las cosas bien hoy en día.
PLAGIO: EL SISTEMA DE REPARTO
Con el surgimiento de la “Nueva Argentina” ideada por Juan Domingo Perón, de un plumazo se tiró abajo el sistema basado en el cálculo actuarial. Mediante decretos 31.665/44 y 12.937/46 se dispuso la nacionalización de los seguros sociales a través de un pozo común y se crearon las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal de la Industria, de Trabajadores Rurales, de Profesionales y Trabajadores Independientes, de Empresarios y del Estado.
El proceso de estatización peronista sustituyó el sistema actuarial de las viejas Cajas Gremiales por el sistema de reparto, copiando un ingenioso procedimiento ideado después de la Segunda Guerra Mundial por el actuario alemán Wilfred Schreiber. Como Alemania era un montón de escombros, estaban destruidas las industrias, desmanteladas las fábricas, los locales comerciales hechos añicos, arrasados los archivos y desaparecida toda clase de documentación, no había manera de recuperar datos del viejo sistema actuarial de jubilaciones. Entonces, a Wilfred Schreiber se le ocurrió organizar –temporariamente- las jubilaciones como un pacto entre la joven generación de postguerra y los ancianos sobrevivientes del III Reich. De manera que los primeros se hicieran cargo de la pensión de los segundos con la esperanza de recibir el mismo trato cuando hubieran envejecido. Contó para ello con la colaboración de un grupo de grandes economistas y filósofos comprometidos con la Economía Social de Mercado: Hans Achinger, Joseph Höffner, Hans Muthesius y Ludwig Neundörfer, el segundo de los cuales era arzobispo de Colonia, (ver: Neuordnung der sozialen Leistunge, Seguros Sociales en Alemania, Bonn 1946)
La idea alemana del reparto -básicamente transitoria- fue plagiada por el primer gobierno peronista de 1946, aunque se respetó la tradición de documentar los aportes individuales para que no cayeran en el pozo ciego de la gran piñata política.
De manera que los trabajadores recibían una libreta jubilatoria individual en la que el empleador pegaba todos los meses una estampilla con el importe aportado. Cuando se completaban los casilleros, la libreta simplemente se presentaba en la caja pertinente y el trabajador recibía el beneficio jubilatorio.
Mientras millones de cotizantes depositaban sus aportes y los jubilados eran pocos, sobraba mucho dinero. De allí el gobierno peronista comenzó a utilizarlo para los despilfarros del presupuesto. A partir de la crisis de 1952, Juan Perón se encontró entre la espada y la pared. Echó mano de los fondos jubilatorios y los reemplazó por obligaciones previsionales a perpetuidad con tasas de interés más bajas que la inflación. El llamado “empapelamiento” de las cajas llegó a u$s 1.500 millones de ese entonces (ver: Gambini, Hugo “la Historia del Peronismo” ed. Vergara)
Quince años más tarde, en 1967, el gobierno de Juan Carlos Onganía hizo lo mismo desde el ministerio de bienestar social de Roberto Petracca: entregó las obras sociales a los sindicatos, concentró a los jubilados en el Pami y volvió a meter la mano en las cajas jubilatorias contra entrega de nuevos títulos sin respaldo.
Idéntica decisión adoptó el gobierno de Agustín Lanusse en 1972 cuyo primer ministro de economía Aldo Ferrer, fue luego despedido mediante la curiosa eliminación del ministerio de Economía y su reemplazo por Juan A. Quílici como ministro de Hacienda.
En el año 2000 durante la desafortunada gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo F. Cavallo obligó a las AFJP a comprar títulos públicos para evitar el default. Es decir que peronistas, radicales, progresistas de izquierda y militares de derecha, todos metieron la mano en las arcas del sistema jubilatorio para financiar gastos corrientes.
Así comenzó el desfinanciamiento del sistema de reparto, cuya crisis se agravó con el tiempo. Los gobiernos democráticos y de facto comenzaron a repartir jubilaciones de privilegio y pensiones graciables a quienes nunca habían aportado nada. Incluso todavía subsiste un selecto pero secreto núcleo de jueces, fiscales, políticos, ministros y legisladores que gozan del privilegio de percibir jubilaciones de hasta $ 340.000 mensuales (casi u$s 20.000) mientras la mayoría cobra la mínima de $ 7.246 (apenas u$s 400).
La relación entre cotizantes y beneficiarios se desmejoró aceleradamente. Pasó de 5 activos cotizantes por jubilado en el primer gobierno de Perón, a la aterradora e insostenible proporción de 1,3 pasivos (jubilados-pensionados-subsidiados) por cada activo del sector privado o público.
Por eso los fondos no alcanzan para pagar a quienes reclaman sus derechos. Dentro de este caos financiero, se dictaron leyes inaplicables, como las que disponían el beneficio del 82%.
a jubilados y del 75% a pensionados, vetadas por la señora Cristina Kirchner. También resultó abstracta e inaplicable la disposición constitucional del art. 14 bis que establecía la movilidad de las jubilaciones o pensiones y las sentencias de la Corte no hicieron sino desfigurar más aún el panorama. El sistema de reparto entró en quiebra a principios de la década del 90, con cuantiosas deudas acumuladas que no podían ser pagadas.
CAMBIO: EL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN
La situación comenzó a solucionarse durante la convertibilidad, con el reconocimiento de las deudas previsionales, el pago de los compromisos a jubilados con fondos obtenidos en las privatizaciones de empresas públicas y la emisión de bonos previsionales.
Además, como el sistema de reparto era incorregible, se adoptó un sistema de capitalización y se encargó su gestión a diversas administradoras públicas y privadas, llamadas AFJP. Este sistema fue idéntico al adoptado en Chile y se basa en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las administradoras y en exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales de capitalización.
Nuestro sistema de capitalización arrancó con los mismos vicios del sistema de reparto: fue obligatorio para todo el mundo, creó un mercado cautivo de cotizantes, estableció desmesuradas comisiones y seguros de invalidez excesivamente elevados que llegaron al 32% de los capitales aportados por los activos, obligó a invertir en títulos del Estado hasta el 60 % de la cartera y sólo admitió la elección entre compañías que operaban en un mismo y único sistema, prohibiendo establecer otro sistema diferente. Las indudables ventajas frente al quebrado sistema de reparto eran la aparición de cuentas individuales de previsión y la creación de fondos fiduciarios independientes del patrimonio de las administradoras.
Pero como siempre ocurre en Argentina, el sistema de capitalización fue concebido como un lucrativo negocio financiero para pocas manos: 26 entidades públicas, privadas y mixtas.
La caída de la convertibilidad, como consecuencia del excesivo aumento del gasto público y su financiamiento con emisión de deuda, hizo que el Estado se apoderase por la fuerza de los fondos disponibles en las AFJP a cambio de títulos públicos que fueron defaulteados. De esa forma se produjo una verdadera confiscación de los ahorros acumulados por los cotizantes, quienes se ilusionaban con jubilarse mediante la renta de las inversiones realizadas con sus ahorros.
Así y todo, el sistema de fondos fiduciarios independientes fue lo suficientemente sólido como para que pudiera exhibir un formidable capital con rendimientos históricos del 13,9 % anual y del 7 % real por sobre la inflación.
DEMAGOGIA: EL RETORNO AL REPARTO
La enorme masa de fondos acumulados por las AFJP no hizo más que aumentar la codicia sin límites del gobierno de los Kirchner.
Primero, pensaron en obligar a las administradoras a invertir esos fondos en proyectos energéticos manejados por Julio De Vido, que no tenían rentabilidad alguna porque estaban vinculados con tarifas congeladas. Eso no fue técnicamente posible.
Al mismo tiempo, se largaron a repartir jubilaciones sin aportes previos, a cualquiera que quisiese recibir una prebenda electoral: de la noche a la mañana surgieron 1.432.037 nuevas jubilaciones y se otorgaron 1.355.000 pensiones a individuos de dudosa invalidez. Muchos beneficiarios, asistidos por inescrupulosos bufetes de abogados, eran amas de casa que tenían un buen pasar y nunca habían trabajado.
Esta situación hizo que fuera necesario adoptar una solución política, planteando la libre opción de retornar al sistema de reparto, con el fin de captar aportes de nuevos cotizantes y, de este modo, disponer de dinero suficiente para cubrir las jubilaciones pródigamente regaladas. Los Kirchner sancionaron la ley 26222 denominada “libertad de elección previsional” pensando que la inmensa mayoría iba a pasarse al régimen estatal de la ANSES. Pero la decisión tomada en febrero 2007 fue un fracaso político. Sólo 800.000 decidieron regresar al viejo sistema estatal de reparto y 9.504.770 quisieron permanecer en una AFJP. Fue una verdadera derrota política que tuvo muy poca trascendencia. La enorme mayoría de los ahorros de la clase media, concentrados en fondos previsionales, no se dejaron tentar por un gobierno que siempre se resistió a gobernar con austeridad y moderación porque su poder político dependía de adhesiones obtenidas mediante dádivas, subsidios y repartos de sobreprecios.
A todo esto, los fondos privados acumulados en cuentas individuales sumaban u$s 37.712 millones compuestos por depósitos en bancos locales por $ 94.345,1 millones más depósitos en dólares en el Deutsche Bank de New York, cuando un dólar valía $ 3,20.
Inescrupulosamente, en octubre de 2017 Néstor y Cristina Kirchner decidieron quedarse con estos cuantiosos fondos por consejo del entonces ministro Amado Boudou y de Sergio Massa, presidente de Anses. Volvieron a repetir la misma escandalosa situación que, en 1953 permitió la despectiva respuesta del entonces ministro del Interior peronista Ángel Gabriel Borlenghi, en oportunidad de tratarse la iniciativa parlamentaria de jubilaciones para empresarios, profesionales, trabajadores independientes y amas de casa.
Cuando se le señaló que esas jubilaciones engendraban pasivos actuariales imposibles de ser cancelados en el futuro, con gran desparpajo dijo: “Nosotros establecemos los beneficios sociales… que la cuestión del cálculo actuarial la arreglen los que vengan dentro de 30 años”.
Tanto ayer como hoy no pueden dejar de relacionarse estos hechos con el recuerdo del famoso libro de Pauwells y Bergier: “El retorno de los brujos”. Así se cumplió con la inexorable regla que nos ha impuesto una decadencia permanente en la economía argentina: el Estado elefantiásico, omnipotente, omnisciente e inepto es el causante de gran parte de nuestros males.
De este modo, el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner -sin consultas, ni acuerdo general de ministros y con la opinión contraria de los cotizantes- resolvieron dictatorialmente estatizar el sistema jubilatorio argentino y apoderarse de la cuantiosa reserva acumulada en Bancos locales, Caja de Valores y Entidades financieras del exterior.
Según lo consigna The Economist de Londres, ésta fue la segunda estafa financiera más grande del mundo (alrededor de u$s 37,7 miles de millones) después del desfalco de Bernard Madoff en la crisis subprime de 2008 (aproximadamente u$s 64,8 miles de millones). Ambos fraudes se basaron en el “esquema piramidal de Ponzi”: un timbre de deshonor para el Estado argentino y la corporación política.
Por eso, la insólita decisión de confiscar el ahorro que los argentinos guardaban para su vejez y la demagógica medida de regalar jubilaciones sin ton ni son, ponen sobre el tapete una historia de voracidad fiscal y el desprecio que la clase política gobernante tiene por los derechos y las garantías individuales de los argentinos.
Antonio I. Margariti
