El Gobierno nacional acaba de publicar en el Boletín Oficial el decreto 1311/2015 la aprobación de la Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional. La misma ratifica la transferencia de la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal y tipifica como “atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” las “corridas bancarias, cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado“.
Asimismo, la flamante normativa establece la creación de una dirección particular para el seguimiento de estos delitos.
Se trata de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera, encargada de “la producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, así como de lavado de dinero y de las economías criminales, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.
El documento establece qué tipo de “problemáticas” son “relevantes“. Entre las agresiones de origen externo o el terrorismo aparecen los “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática” por parte de “grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, «golpes de mercado», etc.”.
