El diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Núñez, se pronunció en contra del actual acuerdo que impulsa el Gobierno Nacional para generar una Sociedad del Estado que controle los proyectos de obras de infraestructura de la Hidrovía del río Paraná.
“Lo que debía hacerse es fortalecer la capacidad de control del Estado frente a una de las concesiones de obra pública más grandes del país, no generar una empresa pública nueva para poder ubicar a su gente con cargos de gerentes de $ 300.000 al mes”, apuntó Núñez.
“Dicen que esa Sociedad podría hacer el dragado, pero en todo el mundo existen menos de 10 empresas con la capacidad suficiente para nuestra Hidrovía. Basta ver la actividad de la flota estatal de dragas para darse cuenta que esto es una farsa. Quien no lo conoce, puede ir al puerto de Rosario y ver esos equipos juntando óxido hace 20 años. Además, aseguran que esa Sociedad podría hacer contratos para dragar en otras partes, pero la Ley de Puertos 24.093 dice expresamente que eso es responsabilidad de cada puerto. Entonces, ¿qué va a hacer la Sociedad del Estado que no puede hacer la administración existente?”, enfatizó.
Por otro lado, el legislador del bloque Pro también manifestó su oposición a los planes del gobierno, expuestos en reiteradas ocasiones por el titular de la cartera de Transporte Nacional, Mario Meoni, de renovar el contrato a la actual empresa que lleva el proyecto de obras de Hidrovía en el río Paraná.
“Esta renovación generará pérdidas de 250 millones de dólares, que se terminarán trasladando a peajes portuarios a productores y comerciantes, encareciéndose los costos de producción. Prácticamente es un suicidio a la competitividad comercial internacional del país”, comentó el diputado.
El representante de Juntos por el Cambio aseguró que continuar con la firma belga Jan de Nul y no licitar de nuevo, como estaba previsto en la gestión de Mauricio Macri, “es un error que traerá grandes pérdidas de dinero”.
Además, sostuvo que la firma belga, en asociación con la argentina Emepa, de Gabriel Romero, tiene desde 1995 un contrato de US$ 200 millones de facturación anual. El mismo, que originalmente vencía en 2005, fue ampliado varias veces por las administraciones peronistas (Menem y las dos gestiones de los Kirchner), quienes a su vez autorizaron triplicar la tarifa de peaje de menos de US$ 1 a más de US$ 3.
“Teníamos una oportunidad histórica el próximo año de volver a licitar. El equipo a cargo de Guillermo Dietrich hizo un trabajo exhaustivo de investigación y de recolección de datos, consultó a los referentes portuarios y manejó con absoluta transparencia los procedimientos para llamar a una licitación que permitiría ahorrar US$ 250 millones al año a la industria argentina y el consumidor. Debido a que podrían entrar competidores nuevos en una licitación internacional se bajaría el precio del peaje con grandes mejoras en el canal. En su lugar, ahora el gobierno decide no darle continuidad para volverse a asociar con una empresa que solo generó pérdidas millonarias al Estado y al sector productivo, mientras que generan una Sociedad del Estado que sólo aportará más gasto público”, afirmó Núñez. “Es un suicidio para la competitividad comercial del país”, advirtió.
“¿Qué hay detrás de todo esto? Pareciera que el presidente Alberto y su gabinete quieren dar continuidad a las viejas prácticas de sus antecesores políticos y no manejar la obra pública con transparencia y cuidando los recursos del país”, propinó.
También afirmó que los gastos que va a generar este proyecto se verán reflejados en la industria nacional y en el bolsillo de la gente: “Todo lo que importamos como maquinarias, insumos, bienes de consumo, todo pasa por esta vía navegable. Si suben los peajes, esto impactará en la fabricación de autos, por ejemplo, que utiliza insumos importados, o en lo que consumimos, como alimentos, medicamentos, ropa, heladeras, computadoras, todo lo importado”.
Para finalizar, indicó que el sector productivo está a las puertas de una de las crisis más fuertes de la historia. “La pandemia ha generado muchísimas pérdidas para la producción nacional y no estamos en condiciones para asumir más gastos. Estudian subir el impuesto a las Ganancias y ahora en su plan de infraestructura están tirando la plata de los argentinos. Es inaceptable”, concluyó.
