Ni la ola de calor, ni los reiterados cortes, o el deficiente suministro eléctrico, frenan el objetivo de la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) que lanzó una propuesta de ajuste que tiene dos características salientes que van a contramano de lo que anunciaron las autoridades nacionales para las distribuidoras del AMBA Edenor y Edesur.
La eléctrica santafesina impulsa para el primer cuatrimestre del año la aplicación de un aumento acumulado para todos sus usuarios que oscila entre el 35,7% y 38,2% y un nuevo esquema de “segmentación” inverso al del “modelo nacional” que se basa en tres variantes de “tarifa social” para jubilados y sectores de menores recursos.
Las subas tarifarias –que superan ampliamente el 20% de incremento máximo que anticiparon las autoridades energéticas nacionales para las distribuidoras metropolitanas—y la nueva “segmentación social” se conocieron en la audiencia pública realizada en forma virtual el último viernes que contó con una escasa presencia de sólo 20 participantes.
Al igual que las realizadas para los servicios públicos nacionales y porteños, la audiencia pública no es vinculante para el ente regulador que debe aprobar los aumentos y tal como están diseñadas representan una instancia cada vez más decorativa para que entidades defensoras de consumidores, profesionales y asociaciones empresariales plantean sus objeciones en modo catártico a los aumentos que ya están definidos de antemano.
Por el hecho de ser a nivel nacional la tercera empresa en cantidad de usuarios, potencia registrada y energía demandada detrás de Edenor y Edesur; el esquema de ajuste que promueve la EPE es seguido de cerca por la mayoría de las eléctricas provinciales.
La estatal santafesina presta servicio a un total de 1,3 millones de pequeñas demandas—que representan el 51,19 % de su facturación– y a 3.295 industrias y grandes clientes, que aportan el 48,81% restante de sus ingresos. El año pasado aplicó tres aumentos tarifarios del 14% en mayo; 8% en julio y 9% en noviembre. El 40% del total de las boletas que pagan los usuarios constituye el VAD (Valor Agregado de Distribución), mientras que el 60% restante corresponde al precio de la energía mayorista (46%) y a la carga impositiva (14%).
La actualización tarifaria solicitada por la EPE contempla para enero incrementos promedios de 23,7% para residenciales; 24% para comercios; 22,5% para industrias y 22,4% para usuarios institucionales.
