Tras las medidas sobre el “Dólar Agro” y el maíz, entidades empresarias y de productores se manifestaron en contra de la decisión de agregar el cereal al tipo de cambio especial. El gobierno propone un precio de la divisa estadounidense a $340, por encima de los $270 oficiales que se ofrecen en los bancos, pero lejos de los más de $550 del mercado informal. Es el mismo precio que se le ofrece a los sojeros y a las economías regionales. Además, la unificación del Dólar Ahorro y Dólar Tarjeta a casi 500 pesos.
Entre las organizaciones que se manifestaron están la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación de Maíz y Sorgo de la Argentina (MAIZAR) y la Bolsas de Comercios de Rosario y Córdoba.
El Foro de Convergencia Empresarial se expresó con contra del camino adoptado por el Gobierno indicando que “la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes agrega un peso adicional a la carga tributaria que agobia desde hace tiempo a las empresas y a los ciudadanos en general, trabando la actividad productiva y desincentivando la inversión privada”.
Además, remarcaron que “el déficit fiscal generado por el aumento del gasto público en todos los niveles de gobierno, las pérdidas de las empresas del Estado, los subsidios a la energía y el transporte y el financiamiento de dichas deudas a través de la emisión monetaria, nos ha llevado a una tasa de inflación muy elevada que constituye un impuesto adicional, especialmente sobre los sectores más vulnerables”.
La AEA, por su parte, coincidió en remarcar el impacto negativo del incremento de la presión tributaria señalando que las medidas “impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas”.
A su vez, sostuvieron que “el sector formal de la economía soporta una presión fiscal altísima, y es urgente trabajar para reducirla”, asegurando que “solo así se generarán las condiciones para un desarrollo económico y social sustentable”.
La UIA, en tanto, alertó que “los anuncios de estos últimos días, que esperamos sean de carácter transitorio producto de la escasez de divisas, afectarán la actividad, con fuerte impacto en las PyMEs, a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación”.
Por otro lado, señalaron que “creemos que la Argentina debe contar con un plan macroeconómico a mediano y largo plazo”, por lo que “para ello resulta muy importante lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dé previsibilidad a los compromisos externos y a la administración de las reservas internacionales”.
- La UIA enumeró las consecuencias de la aplicación de las medidas oficiales:
-Rigen desde el lunes para las operaciones que accedan al mercado libre de cambios y lo perciben los bancos al momento del pago, en pesos, es decir que aplica sobre importaciones pautadas con anterioridad, generando costos retroactivos que no tenían cobertura cambiaria, generando un quiebre en la cadena de pagos de los sectores afectados.
-No se conoce aún la normativa para saber el alcance de la excepción del Impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria y para combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía.
-No se ha contemplado eximir a todo lo que está en el marco de Precios Justos, lo que presionará aún más sobre costos y precios. Existe además la dificultad para exceptuar a todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los bienes de canasta básica.
-Afecta la competitividad de las exportaciones, encareciendo aún más los fletes internacionales en un marco de baja competitividad logística internacional.
Por otro lado, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) advirtió que las últimas medidas económicas “tienen un impacto negativo en la actividad” de ese sector.
“Esas medidas sientan un mal precedente donde el Poder Ejecutivo toma una decisión discrecional, eludiendo la discusión de los temas impositivos en el Congreso de la Nación, según lo dispuesto por la Constitución Nacional”, alertó IDEA, en un comunicado.
A la vez, propuso buscar “alternativas para evitar un nuevo incumplimiento de nuestros compromisos con los acreedores. Pero al mismo tiempo advertimos que los cambios de alícuotas y la imposición de nuevos gravámenes atentan contra dos de los principales problemas que condicionan el crecimiento de la economía argentina desde hace tiempo: los cambios permanentes de las reglas de juego y la altísima presión fiscal”.
En este mismo contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresas (CAME) destacó la resolución publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes y que se extenderá hasta el 31 de agosto. “Gran parte de nuestras actividades tienen problemas de rentabilidad y competitividad que deben resolverse para lograr un salto cuantitativo en el nivel de producción. Para eso, es necesario contar con un tipo de cambio único que permita comprar nuestros insumos al mismo valor en el que vendemos nuestros productos”, expresó el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez, sobre la medida que busca superar la expectativa de un incremento exportador de, al menos, U$S2.000 millones.
Sin embargo, mostraron resistencia contra el decreto 377/2023, que amplía el alcance del denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). “Dado que la Autoridad de Aplicación del Impuesto PAIS corresponde a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esperamos que en las próximas horas ésta se expida sobre la metodología de cálculo, liquidación e ingreso de tal Impuesto”.
No obstante, la Confederación alerta que estas medidas tengan como resultado el encarecimiento de algunos insumos, lo que se trasladaría a un aumento de precios para los consumidores.
Rosario y Córdoba también se manifestaron
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) emitió un contundente comunicado frente a las modificaciones del denominado “Dólar Agro”. Según, afirmaron: “Este tipo de medidas coyunturales y de corto plazo dañan severamente a la actividad agroindustrial”.
“Presentada en su primera edición como un mecanismo excepcional para recomponer divisas, se terminó transformando en una herramienta periódica de intervención de los mercados, cuyos resultados ya conocemos: pérdida de transparencia en el proceso de formación de precios, distorsiones y asimetrías hacia el interior de toda la cadena de producción y comercialización granaria”, disparó la BCR.
La Bolsa de Comercio de Córdoba definió a la medida como “unos parches mínimos que aumentan la presión tributaria y están muy lejos de resolver las fenomenales distorsiones de precios relativos que enfrentan quienes producen en nuestro país”.
Según la entidad mediterránea, “nuevamente el gobierno con estas medidas rehúye de las correcciones que los mercados le señalan, desafiando las leyes de la economía. Algo que vienen realizando desde hace ya un tiempo, lo que significó llegar a esta crítica situación. La devaluación encubierta, lograda vía regímenes especiales para algunas exportaciones y nuevos impuestos a las importaciones, está muy lejos de corregir la enorme brecha cambiaria. En consecuencia, el BCRA continuará perdiendo reservas internacionales que ya están en un mínimo histórico (– USD 8.000M)”, expresaron.
Ante este panorama, la Asociación de Maíz y Sorgo de la Argentina (MAIZAR) también publicó un duro comunicado donde juzgó la medida.
En diálogo con CNN Radio Rosario, Pedro Vigneau, presidente de la entidad, amplió la postura de los productores: “Sinceramente nunca creí que se iban a meter con el maíz, porque tiene injerencia directamente en la Canasta Básica, la carne, la leche, los huevos, son todos productos que tienen un componente muy grande de maíz, por lo tanto, aumentarle el precio al maíz es aumentarle el precio directamente a estos productos y esto lo va a sufrir la gente que menos tiene”.
“Lo que necesitamos justamente es generar confianza, salir juntos a buscar mercados, esto va totalmente a contramano de eso. Genera desconfianza, rispideces, problemas financieros importantes para los que tienen que abastecerse”, agregó Vigneau.
