Tal como está, el sistema de riesgos de trabajo luce inviable. Así lo entienden los empresarios, pero también el gobierno nacional y los provinciales que, al advertir las derivaciones que tiene esta problemática, se encuentran impulsando soluciones, entre ellas, la modificación de la ley que regula el régimen.
Resulta que al día de hoy, una empresa debe afiliarse a una ART para que en el caso de un accidente laboral o una enfermedad profesional sea la que se encargue de las prestaciones médicas y la indemnización que corresponde al trabajador. El sistema cuenta con comisiones médicas bajo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que son las que determinan el carácter laboral de una afección y cuánto corresponde pagar por un accidente.
El problema, “es que en el año 2004, a través de un fallo de la corte, se habilitó a que no sean las comisiones médicas las que decidan sobre los casos, sino que sean los juzgados laborales provinciales”, explicó el jefe de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina, en la mañana radial de Fisherton CNN.
Y ahondó, “ahí pasa a intervenir un grupo de abogados que toman los casos de los trabajadores, y en lugar de hacerlos pasar por las comisiones médicas, los llevan directamente a los juzgados. En este punto entran a jugar peritos que han demostrado poca profesionalidad, que en muchos casos tienen intereses encontrados porque cobran un porcentaje de la indemnización que ellos mismo otorgan “. A ello se le suma que, “en el año 2013, se estipuló que enfermedades de dudoso origen laboral se consideren laborales”.
Más caro para todos
Uno de los argumentos que el investigador esgrime a la hora de justificar la reforma del régimen, pasa por morigerar un impacto que llega por doble vía: “La primera, es que las empresas no se enteran que sus trabajadores les están haciendo juicio hasta que viene la cuenta de la ART, y les informan que les van a subir la alícuota. La segunda, es que cada empresa nueva que se instale va a pagar una alícuota muy alta de ART, producto de esta masa de juicios que ya existe, teniendo que hacer frente a costos propios de la mala gestión del sistema”.
Impacto esperado
“Lo que busca la ley ahora (en referencia al reforma planteada por el gobierno nacional) es decir: ‘antes de pasar por un juzgado laboral tienen que pasar por una comisión médica; y si no se está contento con lo que resuelve la comisión ahí se puede acudir a la Justicia’. Pero en el juzgado hay que dar vuelta un dictamen médico, de forma que se espera desincentivar la industria del juicio”.
Según Colina, esta modificación “va a bajar costos en la medida que reduzca la litigiosidad espuria (…) Hay estudios de abogados dedicados a hacer juicios, por ejemplo, por una lumbalgia. En Córdoba, un estudio presentó en conjunto 400 casos para luego arreglar con la ART por menos dinero; si bien no es mucha la plata que ganan por cada juicio, el negocio está en el volumen”.
REDACCIÓN ON24
