A pesar del rechazo de la oposición, el kirchnerismo tiene garantizado el número para aprobar la ley hoy en la sesión de Diputados que está convocada al mediodía. Antes, los jefes de todos los bloques se reunirán en Labor Parlamentaria para organizar la sesión. El debate será largo y sin dudas mucho más áspero que en el Senado. En este tramo final la oposición volverá a cuestionar los criterios de valuación que utilizó el Gobierno para acordar la indemnización en u$s 5.000 millones y en especial el informe que elaboró, posacuerdo, el Tribunal Nacional de Tasaciones, el que el radicalismo considera un ajuste de los valores reales a lo firmado con la española.
La idea del kirchnerismo es arrancar el debate hoy al mediodía y a última hora pasar a un cuarto intermedio para mañana. Pero de todas formas habrá un intento de acuerdo entre todos los bloques para acortar la lista de oradores y terminar la sesión hoy mismo o a lo sumo alargarla hasta la madrugada. Para la votación, el kirchnerismo sumará a sus aliados de siempre. La UCR, el Frente Amplio Progresista, UNEN, Unidad Popular y el Frente de Izquierda ya adelantaron que votarán en contra. El PRO anunció ayer que se abstendrá. Lo explicóPablo Tonelli con duras críticas al Gobierno: “Nuestro bloque, como ya lo hizo en el Senado, se abstendrá al momento de votar porque el acuerdo no es bueno y no sirve para darle un final adecuado a algo que empezó muy mal”.
Agregó que “el intento de expropiación de YPF fue, en rigor, una confiscación, porque no se respetaron las reglas de la expropiación previstas en la Constitución Nacional y en la ley de la materia”. El Frente Renovador se debatía anoche entre dos posiciones: algunos de sus integrantes pretendían rechazar el proyecto y otros abstenerse, como el caso del sindicalista del sector petrolero Alberto Roberti.
El acuerdo entre el Gobierno argentino y Repsol fue el final de las negociaciones que arrancaron a partir de fines de noviembre último, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México y que terminó contemplando el pago de u$s 5.000 millones en típúblicos.
Fuente: Ámbito
