El complejo agroexportador e industrial, ubicado en Puerto General San Martín, San Lorenzo, Timbúes y hasta Arroyo Seco, en el Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe, lanzó el operativo logístico en todas sus plantas industriales y puertos para cargar los buques con la cosecha gruesa y sus productos procesados, basados esencialmente en la soja, donde se prevén dificultades debido a que se espera un crecimiento en el volumen por operar en el trimestre marzo-mayo del 27% con respecto al año anterior.
El complejo cerealero-oleaginoso, que coloca a la Argentina como uno de los principales países productores de alimentos del mundo, participó en 2015 -según datos preliminares del INDEC de febrero pasado, incluyendo biodiesel y semillas- con el 39,4% del total de las exportaciones del país, que ascendieron a U$S 56,7 mil millones.
Con la contribución y el trabajo de este segmento productivo, la Argentina es líder mundial en exportaciones de aceite de soja (43 % del mercado global en 2014), harinas proteicas de soja (44 %) y aceite de maní (34 %); es el segundo exportador mundial de cebada (12 %) y sorgo (18%); es el tercero de grano de soja (6% del total), harina de maní (15%) y harina de girasol (5%); es el cuarto exportador mundial de maíz (10%) y aceite de girasol (5%); y, el décimo de trigo (1%).
El complejo oleaginoso argentino, la mayor y más eficiente concentración industrial (“clúster”) del mundo, ha realizado inversiones directas por U$S 2,7 mil millones entre 1995-2015 y constituye el sector que individualmente más exporta del país.
Su capacidad de molienda asciende a 62 millones de toneladas por año. La producción agroindustrial oleaginosa argentina llega a más de 100 destinos y provee alimentos para más de 400 millones de personas.
Los dos productos que más se exportan del sector agro y también del país son la harina de soja y el aceite de soja, que en conjunto posibilitaron el año pasado el ingreso del 23,5% del total de los dólares por exportación de la Argentina.
Cada año, se exporta aproximadamente el 84% de la soja que se produce y el 70% se procesa para producir harina de soja, aceite de soja y biodiesel.
Ese polo agroexportador, el más eficiente del mundo por encontrarse en la zona de mayor producción de la soja, se levanta en un radio de 300 kilómetros en la zona núcleo de la soja, donde se produce el 50 % de la soja del país, así como el 35% del maíz y el 35% de trigo.
En esa región está localizada el 80% de la capacidad de molienda del total nacional, y es de donde se realizan el 90% de los embarques de aceites y harinas proteicas de la soja.
DIFICULTADES
Diversas organizaciones relacionadas con el despliegue logístico que requiere la cosecha gruesa prevén que este año se presentarán dificultades derivadas del volumen esperado (alrededor de 7,6 millones de toneladas en el trimestre marzo-mayo), la simultaneidad en la convergencia de camiones, los accesos insuficientes, el deterioro de los caminos y las lluvias que pueden imposibilitar el uso de las banquinas.
A pesar de las medidas adoptadas para paliar esa situación de congestionamiento (seguridad y ordenamiento vehicular), se ha hecho un llamado a los conductores para que tomen los recaudos necesarios para evitar accidentes y demoras, ante problemas ajenos al funcionamiento de las plantas industriales.
LOS PROBLEMAS PENDIENTES
La industria procesadora (“crushing”) no ha logrado reducir su elevada capacidad ociosa del 30% promedio nacional en la anterior campaña debido a que, por motivos ajenos a la estacionalidad de años anteriores, el grano de soja se constituyó en una reserva de valor y, así, fue retenido a la espera de mejores condiciones de mercado para su comercialización.
En el caso del aceite de girasol, esa capacidad ociosa fue mucho mayor, superior al 60%, lo que condujo a que el año pasado al menos tres grandes plantas tuvieran que paralizar sus operaciones, por falta de materia prima.
Asimismo, a raíz de sucesivas demoras acumuladas, el monto pendiente de devolución del IVA a la exportación, asciende aún a casi 1,5 mil millones de pesos, lo que afecta el capital de trabajo de las empresas y las expone a penalizaciones y obstáculos para la financiación en el exterior.
