El Gobierno nacional acordó con las provincias, dentro del nuevo consenso fiscal, un nuevo impuesto. Se trata de aquel que grava la economía digital con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en todo el país. Con ello, quien venda online pagará en el distrito desde el que se provee el producto, en el del comprador y en cualquier otra provincia donde tenga “presencia digital”.
¿Qué significa desde lo técnico introducir este cambio? ¿Por qué ya hay voces en Mendoza que están señalando no sólo que generaría una gran inestabilidad jurídica, sino también que sería inconstitucional? Quien lo explicó, concretamente y en extenso, fue Armando Morón, el CEO de T-Cargo.
“Primero hay que entender qué grava el impuesto a los Ingresos Brutos. Es de carácter provincial, por lo que grava la compra venta de bienes muebles y/o locación de servicios. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la comercialización de bienes y servicios”, comenzó contextualizando el empresario de diálogo con Diario Memo.
Recordó que originalmente no estaba prevista la industrialización de esos bienes o servicios, lo cual se empezó a gravar luego. “Se entiende que se industrializa en un lugar y se comercializa en otro. Entonces, lo que empieza a aparecer es el problema de la asignación del impuesto cuando uno produce en una provincia y comercializa en otra. Allí apareció el concepto de sustento territorial, se creó un convenio multilateral que firmaron todas las provincias que dice que de la alícuota que se grava se asigna el 50% en función de los gastos y el 50%, de las ventas”, apuntó el también exlegislador del PD.
Para ejemplificar, Morón agregó que si una persona produce y tiene todos sus gastos en Mendoza y vende en Buenos Aires, deberá abonar 50 por ciento del impuesto en cada una de esas provincias. “Esto significó que mientras no había esquemas retentivos, era una declaración que hacía el propio contribuyente”, expresó.
“Luego aparecieron los inventos de anticiparse al cobro de impuestos a través de un sistema de retención. Ahí hubo muchas asimetrías e inmovilización de fondos, fue perjudicial para la situación financiera de muchas empresas. Con ello, muchas veces los contribuyentes en términos de convenio multilateral tienen créditos en un montón de jurisdicciones y tiene que pagar en otras. Es decir, les quedan saldos disponibles”, siguió describiendo el empresario.
Sustentabilidad territorial versus presencia digital
Así, lo que este consenso fiscal introduce es el concepto de presencia digital. Pero esto, según el conductor de T-Cargo, no tiene sustentabilidad territorial que es la que se genera con el gasto o la venta.
“Esa presencia digital de la que habla sería algo así como si alguien baja una aplicación en una provincia, tiene presencia digital ahí por ese sólo hecho. Con lo cual, como no hay límites en la web, todas las provincias se van a sentir con derecho a cobrar Ingresos Brutos y eso le da una inestabilidad fenomenal al sector del e-commerce. Si bien hay algunas empresas que tienen un tratamiento diferencial en el convenio multilateral como las de transporte, que pagan en la jurisdicción donde tienen el origen de la carga, en general se produce una enorme inestabilidad jurídica. Grava el domicilio del vendedor, del comprador y donde haya presencia digital. Con lo cual, técnicamente esto tiene una situación muy compleja”, se explayó.
Además, añadió que a este Pacto Fiscal habrá que discutirlo en la Corte para conocer “su alcance sobre la normativa ya aprobada por la coparticipación federal y sobre la potestad tributaria que tienen las provincias. Es decir, que desde el punto de vista jurídico también genera una situación de inconstitucionalidad que van a tener que revisar”.
Por todo esto, para el sector de la economía digital que venía creciendo, es un golpe muy duro esta voracidad fiscal -siguió-. “No vale nada más con la palabra del Gobernador de Mendoza que dijo que no van a aumentar los impuestos en la provincia. Porque en otras jurisdicciones sí están pensando en nuevos impuestos además. Como empresario de transporte con presencia digital en todo el país (desde Mendoza), estamos expuestos a que en cualquier jurisdicción en donde ni siquiera tengamos una carga nos quieran gravar por el sólo hecho de pasar por una provincia. Es una gran inseguridad y no tenemos previsibilidad”, concluyó Morón.
Por Ángeles Acosta, columnista de Diario Memo.
