La empresa Aguas Santafesinas SA (Assa) ha solicitado autorización para aplicar un incremento del 30% en sus tarifas durante 2025, dividido en tres tramos del 10%. Este nuevo pedido de ajuste, que se suma a una larga lista de incrementos en los últimos años, genera preocupación entre los usuarios, quienes ya enfrentan facturas cada vez más elevadas por los servicios básicos.
El aumento propuesto será debatido en una audiencia pública programada para el próximo 28 de enero a las 12:30 horas. Aunque este procedimiento es obligatorio, no tiene carácter vinculante, lo que significa que la decisión final recaerá en el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.
La saliente presidenta de Assa, Anahí Rodríguez, dejó firmado el pedido antes de finalizar su gestión y pasar a ser la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía. Según la funcionaria, el aumento es “mínimo” y necesario para alcanzar “tarifas reales” que permitan a la empresa realizar inversiones en el servicio.
Rodríguez destacó que al inicio de su gestión, el 90% del presupuesto de Assa dependía de aportes estatales, mientras que hoy el 70% de los recursos provienen de la recaudación de los usuarios. “Estamos saneando la firma”, afirmó.
Sin embargo, esta aparente mejoría financiera no ha impedido que los usuarios enfrenten constantes ajustes que impactan directamente en sus economías familiares y reiteradas quejas por los cortes en el servicio y los famosos “corralitos” que copan las calles de Rosario.
Audiencia pública: un paso formal con poca incidencia
La audiencia pública, un requisito formal previo a la aprobación del aumento, será semipresencial y abierta al público. Los interesados en participar podrán inscribirse en la Secretaría de Agua y Saneamiento, en calle General López 3074 (Santa Fe), o enviar un correo a aguaysaneamiento@santafe.gov.ar.
Las inscripciones estarán habilitadas desde 10 días hasta 2 días antes de la audiencia. Los oradores inscritos podrán participar a través de videoconferencia, y la sesión será transmitida en línea.
El pedido de aumento del 30% se suma a una tendencia de ajustes tarifarios que parece no tener fin y que este año ya tiene el antecedente del incremento del 28 por ciento de la EPE. Cada vez más usuarios cuestionan la frecuencia de estos incrementos y exigen mayor transparencia en la gestión de los fondos recaudados. En un contexto donde las tarifas de servicios esenciales siguen subiendo, el impacto en los bolsillos de los santafesinos es innegable.
Mientras tanto, la decisión definitiva quedará en manos del gobierno provincial, que deberá considerar tanto la sostenibilidad de la empresa como los cuestionamientos por la eficiencia del servicio que se brinda.
