Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
En plena pandemia, junio del 2020, el gobierno de Alberto Fernández emprendió la temeraria faena de intervenir la empresa Vicentín, arraigada en Avellaneda, pero con sus principales unidades de negocios en los puertos del Gran Rosario. Después varios aprestos y una pueblada nacional dió marcha atrás, admitiendo que tal aventura había sido un error estratégico. Hoy, merced a una medida de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, insiste.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino el jueves pasado la convocatoria de acreedores de Vicentin, sacándole el expediente al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, y suspendiendo todos los plazos y trámites del concurso.
El máximo tribunal santafesino tomó la decisión de quitarle el concurso al juez, a raíz de la gravedad institucional que supone el avance de la convocatoria, cuando hay en paralelo investigaciones penales por serias irregularidades entorno a los activos, que ahora la firma está pretendiendo vender para hacer frente al plan de pago que propuso de su deuda por 1.500 millones de pesos.
Se trata de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra que, al decir del diputado provincial Carlos del Frade “es una empresa que cometió irregularidades en distintos lugares del mundo, y además – agregó – es necesario recuperar la iniciativa política del gobierno nacional”.
Desde el gobierno provincial optaron por llamarse a silencio, de la misma manera que el senador nacional Dionisio Scarpín, quien tuvo como intendente de Avellaneda una participación gravitante en las marchas de aquel entonces.
El diputado peronista Luis Rubeo (quien junto con Del Frade integra la Comisión de Seguimiento de Vicentín) dijo a nuestro Diario que no hará declaraciones hasta la reunión de comisión del venidero lunes.
Desde CRA resaltaron que “intentaron un mamarracho con la empresa Vicentin, tenemos patente la conferencia de prensa en que anunciaron la idea de apropiarse de ella, y ahora pretenden más de lo mismo”.
El gobierno nacional nuevamente a la carga
El Presidente Alberto Fernández al advertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin, expresó que esa medida permite contar con “un escenario más favorable” y se manifestó a favor de la posibilidad de que el Estado cuente con “una empresa testigo para que ordene el mercado” en el plano alimentario.
El Presidente señaló que “el Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”, agregó.
“Vicentín no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos”, dicen desde la compañía
“Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que (Vicentin) es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, respondieron desde la compañía mediante un extenso comunicado, en el cual entre otras consideraciones señalan que “la propuesta de pago -que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores- tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo” porque “es creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”.
El directorio hace notar además que “todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentín, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”.
Después de señalar que “ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”, los responsables de la compañía hacen notar que “la suspensión de plazos se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el día Miércoles 22 de Junio a las 17.30h, en la que Vicentin S.A.I.C. debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta”.
