A partir de una votación que salió por unanimidad el viernes en el Concejo Municipal local, los rosarinos deberán afrontar un pago de $ 500.000 que, (i)lógicamente, saldrán de sus contribuciones. Ese monto responde a honorarios de abogados, tasas impositivas y aportes a la Caja de Jubilaciones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, por motivo del litigio por difamación que el empresario Aldo Lattuca le inició a la concejala kirchnerista, Marina Magnani.
Concretamente, la edila -y también vicepresidenta segunda del cuerpo legislativo de la ciudad- había acusado, en una sesión en el recinto del año 2018, al empresario de la construcción de estar “muy vinculado a (Luis) Medina (narcotraficante asesinado en 2013) y a Los Monos”.
La demanda por daños y perjuicios, que un principio era por 2 millones de pesos, terminó en una audiencia conciliatoria días atrás, en la que la concejala aceptó retractarse públicamente, asegurando que no fue su intención ofender, ni mancillar la actuación ni el buen nombre del desarrollista rosarino, quien dialogó con este medio y explicó que decidió no seguir con la acción judicial ya que Magnani había expresado su arrepentimiento.
En tanto, si bien se acordó entre las partes que los gastos del litigio corrieran por cuenta de Magnani, la semana pasada, los concejales votaron por unanimidad a favor de que esas erogaciones ($ 500.000) queden a cargo del cuerpo, alegando que se intentó coartar la libertad de expresión de los ediles.
En diálogo con ON24, el exjuez en lo Civil y Comercial, Roberto Vázquez Ferreyra, sostuvo: “Dicen que quisieron afectar la libertad de expresión, pero la concejala se retractó. No hay motivo alguno para pagarle las costas”. Y cuestionó: “¿Por qué los dichos inconsistentes que dijo la concejala los tenemos que pagar los rosarinos?”.
Por su parte, Gabriel Redolfi, también reconocido empresario constructor de la ciudad como CEO MSR Inversiones y Desarrollos, consideró: “Creo que hay que saber hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde la libertad de difamación. Si no hay hechos concretos que demuestran una acusación, la libertad de expresión se convierte en difamación”. Además, coincidió con Vázquez Ferreira en que “el Concejo Deliberante pagará con los recursos de todos nosotros los exabruptos de una concejala que se tuvo que retractar”.
De esta manera, a los rosarinos les termina saliendo extremadamente caro el gen anti-empresa que hay en varios concejales de la ciudad, principalmente en los bloques de izquierda y del kirchnerismo. No solo por este medio millón de pesos, sino porque, en este afán ideológico de ver constantemente al capital o al empresario como el villano de la película, Rosario ha perdido -o pone en riesgo de perder- varios proyectos de inversión, que volcarían decenas de millones de pesos a la actividad económica y cientos de fuentes de trabajo.
Por eso, cuando el Concejo cambie la utilización de verbos como prohibir, regular o limitar por beneficiar, propiciar o eximir, quizá ahí el gen anti empresario no existirá más o, al menos, no será tan caro.
REDACCIÓN ON24
