Por Javier Bongiovanni – Economista de Fundación Libertad
El costo laboral es el desembolso en el que incurre el empleador para incorporar personal en relación de dependencia de manera formal. Está compuesto por el sueldo neto (el salario que efectivamente recibe el trabajador), que, combinado con los aportes personales, nos da el sueldo bruto, y las contribuciones patronales.
Por un lado, los aportes son retenidos por el empleador y luego derivados hacia los organismos correspondientes. Por su parte, las contribuciones son pagos que debe realizar el empleador con porcentajes que varían de acuerdo al sector en el que desarrolla su actividad la empresa.
Las contribuciones se componen de varios elementos, el principal son las jubilaciones, que se transfieren a la ANSES. A este elemento se le suman las asignaciones familiares, un aporte al Fondo Nacional de Empleo y otro al PAMI, utilizado para costear los servicios de asistencia social y salud a los jubilados y pensionados.
Pero a estas contribuciones se le suman otras. Como el destinado a la obra social elegida por el empleado y el pago de un seguro de vida obligatorio (con una parte fija y otra variable de acuerdo a lo que cotice la ART). Todos estos guarismos hacen que, de mínima, el salario bruto difiera alrededor de un 50% del costo laboral, con una carga a cargo del empleador que supera el 30% y puede alcanzar hasta un 40%. Es decir que para una pyme de 10 empleados, a causa de las contribuciones, el empleador paga el equivalente a tener 13/14 empleados.
Dichos costos resultan elevados incluso a nivel regional: de acuerdo a la OCDE, nuestro país posee los costos laborales más elevados de la región. Según el organismo internacional, Argentina tiene la carga impositiva más alta sobre el trabajo formal, que alcanza el 57% del salario; es decir que por cada $100 que percibe el empleado, una empresa debe erogar $157 aproximadamente. El promedio para América Latina y el Caribe, en cambio, es de 21,7%.
Solo tomando la presión fiscal sobre el trabajo, esto es, se excluye el Impuesto a las Ganancias ya que, según el trabajo de la OCDE, un salario promedio en la Argentina no estaría alcanzado por este tributo y se consideran las contribuciones a la seguridad social por parte del trabajador y del empleador. La Argentina lidera el ranking regional con 34,6%, seguido por Brasil con 32,2%, Uruguay con 30,5% y Colombia con 30%. En Chile es de 22,6%.
Si bien el estudio no es reciente (aunque se han realizado actualizaciones con resultados semejantes), resulta relevante ya que da una muestra del elevado costo laboral que posee la Argentina en comparación a sus pares regionales. Además, debido a las rígidas leyes laborales que tiene nuestro país, esta presión no se ha modificado sustancialmente.
La inflexibilidad de las leyes laborales argentinas también supone un costo laboral para las pymes que resulta más difícil de cuantificar en términos monetarios. Algunas de estas leyes son la de doble indemnización y la prohibición de despido sin causa, entre otras. Este tipo de leyes generan rigidez en el mercado laboral, lo cual tiene consecuencias sobre la creación del empleo formal.
De acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el primer trimestre del 2021 (último dato disponible), el empleo no registrado alcanzó la cifra de 32,4%. La llegada de la pandemia de Covid-19 no ha hecho más que profundizar la informalización del trabajo en Argentina: estudios elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) arrojaron que el 82% de los nuevos empleos surgidos en los últimos meses son informales.
El fenómeno tiene que ver, básicamente, con el proceso de pérdida de ocupaciones formales que hubo por efecto de la pandemia de covid-19 y la cuarentena, y, en parte y también, en la reducción de horas trabajadas, lo que genera que con una recuperación de la actividad (por el levantamiento de las restricciones) no se genere necesidad de nuevas contrataciones.
Este proceso de “informalización” de la economía que se generó en el mundo por la irrupción del Coronavirus, a nuestro país lo afectó fuertemente. La contribución del empleo informal en la recuperación de puestos en la Argentina (82%) fue superior a la de países como Chile (53%), Brasil (68%), Costa Rica (75%); similar a la de México y Perú (81% en ambos casos), e inferior a la de Paraguay (91%).
Otros, como el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA) van aún más lejos y señalan que hay menos empleados registrados, entre públicos y privados, que la suma de cuentapropistas e informales. La proporción es 47% para asalariados registrados en el sector público y privado; 30% trabajadores por cuenta propia (monotributistas y autónomos) y 23% que directamente no figuran en ninguna planilla.
Por otro lado, de acuerdo a la consultora de Recursos Humanos Hucap el podio en el ranking de los temas de agenda de los responsables de Recursos Humanos lo lidera el ítem “Crecimiento del costo laboral”. Dicho ítem había ocupado el primer lugar entre las Ediciones 2012 y 2016 y volvió a ubicarse en el podio en la primera edición de 2018. Un 96% de las empresas que respondieron este punto lo colocan como uno de los principales aspectos que marcan la agenda de 2021.
Las conclusiones que se obtienen a partir de los datos expuestos son:
-Las pymes argentinas sufren de un elevado costo laboral, el cual se compone en buena parte por las contribuciones realizadas a la Seguridad Social.
-Dicho costo es muy elevado incluso en términos regionales (al menos hasta hace pocos años el más alto).
-El costo, además de grande, resulta inflexible a causa de las rígidas y cuantiosas leyes laborales argentinas.
-Todo esto genera un elevado grado de informalidad de la economía que se ha profundizado con la pandemia del Coronavirus.
En definitiva, tanto al empleador como el empleado le rinde más en términos económicos trabajar en “negro”. Al primero porque le bajan los costos laborales y sus costos en general y al segundo porque le queda un salario neto mayor al que si tuviese que realizar todos los aportes requeridos en un empleo formal.
