La Ley 25520 (2001), aun con su reciente modificación K (Ley 27126), prohíbe en teoría la inteligencia interna sobre personas que desarrollen actividades lícitas y/o por cuestiones políticas o afines.
Las nuevas atribuciones de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), otorgadas por el Decreto 1311 del 06.07.2015 para espiar sobre entidades o actividades económicas son dudosamente legales, constitucionales o legítimas.
Un tema que casi no ha sido mencionado por los medios son los siniestros nombres de los organismos creados, dentro de la nueva AFI, para llevar a cabo estas tareas (¿y otras?):
– una Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional (DOITDOC)
– una Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional(DIDOC)
– una Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado (DOICO)
– y una Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera(DIDEF).
Siglas, todas ellas, que le servirían a George Orwell para escribir una nueva novela. Alguno de estos nombres, asimismo, se parecen a la figura creada en su momento por los militares: el delito de “subversión económica”.
La razón de que estos nombres no hayan sido mencionados por muchos medios es que solamente figuran en un Anexo de decenas de páginas que hay que ir buscar en persona en la sede del Boletín Oficial −con una paciencia a prueba de todo para conseguirlos− (el sitio del BO dice que se pueden consultar también por Internet, pero yo no los he podido encontrar en ese sitio).
Por otro lado, no se entiende que si se quiere espiar sobre temas “económicos” para qué crean además una Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional, que sugiere una amplísima e imprecisa esfera de atribuciones.
Este tipo de organismos había sido disueltos desde 1983 y ahora, por lo que se ve,se vuelven a crear. Hasta entonces, existían organismos con nombres comoDirección de Investigaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA) o Dirección Orden Político (en la SIDE), cuyos antecedentes había sido creados por laRevolución de 1943 o por el peronismo de los años 40/50 (e incluso antes). Por supuesto, eran ellos mismos los que violaban lo que sus nombres proclamaban y que se dedicaban a perseguir o vigilar opositores.
Por otro lado, la oficina que hace las intercepciones telefónicas y de comunicaciones −en teoría por orden de juez, pero que todos sabemos que no es siempre así−, llamada Dirección de Observaciones Judiciales (“Ojota”) y situada en un edificio sin carteles en Avenida de los Incas (Buenos Aires), creada en 1948 en la estructura de Teléfonos del Estado (luego ENTel) y finalmente traspasada a la ex SIDE, cambió desdeayer su nombre a Departamento de Interceptación de las Comunicaciones (DICOM).
La DICOM dependerá nada menos que de la Procuración General (Alejandra Gils Carbó, a través de la fiscal Cristina Caamaño), desoyéndose los razonables pedidos de la oposición que solicitaban que funcionara bajo dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia para proteger mejor así los derechos de las personas.
Como se sabe, Gils Carbó, además de procuradora General de la Nación, es la titular de la agrupación judicial-partidaria Justicia Legítima y es una disciplinada seguidora de órdenes de la presidenta Cristina Kirchner, en un cargo que requiere condiciones y calidades diametralmente opuestas.
A todo esto hay que sumarle las probables taras de espionaje interno que presumiblemente vienen haciendo los servicios de inteligencia militar (los del Ministerio de Defensa y los del ex SIE, SIN y SIFA, ahora con otros nombres) −la inteligencia interna por entidades castrenses también está prohibida, en este caso desde el retorno de la democracia−, a partir de los sofisticados equipos y los aumentos desproporcionados de presupuesto obtenidos durante la gestión del general César Milani.
Es imposible desvincular todo esto de la actual ofensiva del kirchnerismo para “colonizar” el poder judicial en evidente búsqueda de control e impunidad.
Todo muy preocupante
