El Concejo vota mañana la modificación del código de faltas y una cláusula transitoria que eleva el valor de las sanciones para quienes organicen fiestas clandestinas y transgredan de esta manera las normas en contexto de pandemia. Las multas costarán entre un $1.500.000 y $2.500.000.
El texto, elaborado en base a dos proyectos iniciativa del concejal Carlos Cardozo y la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck, establece que “las faltas que sean cometidas durante la emergencia declarada en virtud del Sars-Cov-2, serán sancionadas con multa de 15.000 unidades fijas a 25.000 UF, decomiso de todos los elementos, a criterio de la autoridad, necesarios para la realización del evento prohibido e inhabilitación de hasta 180 días, cuando se trate de un inmueble, piezas o infraestructura de un comercio habilitado”.
El valor de la unidad UF está determinado por el precio del litro de nafta, que actualmente se ubica en $99.10 en la ciudad de Rosario, a diferencia de lo que ocurre en las multas provinciales que establece las Unidades Fijas en relación al costo de medio litro de nafta.
De esta manera, los propietarios, poseedores, tenedores de establecimientos, casas, quintas, fincas u otro tipo de inmuebles, sean personas humanas o jurídicas, donde se realicen las fiestas clandestinas, serán sancionados con multas que ascienden a casi un millón y medio de pesos y podrían llegar hasta dos millones y medio. Asimismo, se dispone una multa de iguales valores para los productores de los eventos citados.
Fuera del contexto de pandemia, la organización de este tipo de eventos sin autorización son multadas con un valor que va desde las 2.300 a las 4.600 UF, esto equivale en montos actuales a multas desde los $230.000 hasta más de $450.000. La aprobación de la ordenanza llevará estos valores hasta diez veces más, cuando las fiestas clandestinas ocurran en medio de la pandemia y trasgredan las restricciones.
El proyecto tiene por objeto evitar y desalentar la organización y realización de fiestas privadas ilegales o clandestinas en la ciudad de Rosario. “Todos los fines de semana, a través de los medios locales, son noticia las numerosas fiestas clandestinas que son desarticuladas producto de la denuncia de vecinos que las detectan. La ciudadanía debe tomar conciencia acerca de que la pandemia sigue vigente, paulatinamente los casos están en crecimiento pudiendo ser inminente una crisis sanitaria ante la previsión del segundo brote de contagios que se atraviesa”, reza el texto que se vota mañana y agrega: “Lamentablemente no basta el compromiso social al momento de aplicar las responsabilidades individuales, sino que es necesario generar medidas que pregonen un mayor compromiso y sean disuasivas de las conductas prohibidas”.
Se considera Fiesta Privada Ilegal o Clandestina toda reunión de personas que supera el número de asistentes autorizado por normativa vigente al momento de desarrollarse la misma, realizada al aire libre o espacio cerrado, durante la emergencia sanitaria declarada en virtud del Sars-CoV-2, en inmueble no habilitado a tal efecto o sin autorización municipal previa o en locales con habilitación para desarrollar actividades gastronómicas, de esparcimiento o fiestas o del rubro que fuere, cita el proyecto de ordenanza.
También se podrá exigir a los organizadores de este tipo de eventos prohibidos una sanción accesoria desde 50 y hasta 100 horas de trabajos no remuneraros de solidaridad con la comunidad.
Hasta el momento, las resoluciones de este tipo de sanciones quedaban dentro del marco de las acciones penales. De esta manera, Rosario contará con una herramienta propia para desalentar la organización de fiestas clandestinas y su resolución administrativa.
“La idea es que la multa sea realmente disuasoria. Tenes una multa enorme si haces una fiesta clandestina, y si no podes pagarla te decomisan los equipos, las luces, la comida, la bebida.. y también hacer trabajos comunitarios. Debemos realizar una tarea disuasoria en serio porque si se siguen realizando semejante cantidad de fiestas clandestinas es porque la normativa vigente es escasa”, señaló sobre la iniciativa el concejal Charly Cardozo y justificó: “Ya no estamos hablando de que provocas un ruido molesto, estamos hablando de la posibilidad de muerte con contagios masivos”.
La ordenanza contempla que el dinero que pueda llegar a recaudarse se destine a la compra de insumos sanitarios para proteger a los profesionales de los Centros Públicos de Salud que atiendan casos de Covid -19.